La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año y nueves meses de prisión Josep Maria R. C. por desórdenes públicos y resistencia a los agentes de la autoridad por los incidentes ocurridos en el parque de la Ciutadella, donde si sitúa el Parlament, durante una protesta que habían convocado entidades independentistas para apoyar la investidura --fallida-- de Carles Puigdemont, el 30 de enero de 2018.

El fallo recoge que ese día, centenares de personas se concentraron a las puertas de la Cámara catalana "forzando previamente las cadenas que los Mossos d'Esquadra habían colocado en las puertas del parque". Aún así, los manifestantes no consiguieron acceder al Parlament porque la policía había colocado vallas metálicas y establecido una línea de agentes, a quienes arrojaron diversos objetos, empujaron e insultaron, "generando gran tensión y desorden". Finalmente el pleno se suspendió, y los mossos realizaron varias cargas para evitar que los congregados rebasasen el perímetro de seguridad para acceder al edificio.

A martillazos con el candado

Según la setencia, sobre las 17:30 horas, el condenado, que llevaba puesto "un casco integral de trial, el buf interior, protecciones en los brazos, las piernas y el tronco", aprovechó la presencia de otro grupo de manifestantes para "golpear fuertemente" el candado de una de las puertas del parque con un martillo, "con la intención de romperlo" y conseguir así acceder al recinto. Alertados por el ruido, dos agentes se aproximaron a la zona y le dijeron que se detuviese, pero Josep Maria R.C. prosiguió atizando la cerradura.

Uno de los agentes se situó justo frente a él y le repitió: “¡Para! ¡que soy policía!”, contestando el ahora condenado: “¿Ah sí? ¿Sois policías?”. Acto seguido, R.C. , "con evidente desprecio al principio de autoridad", entregó el martillo a otro manifestante y empujó y propinó una patada al policía, para darse a la fuga, aunque solo consiguió recorrer dos metros porque el mosso le puso la zancadilla, cayó al suelo, y fue reducido tras un breve forcejeo.

Riesgo para la seguridad

Los magistrados de la sección 21 señalan que los actos violentos que alternan la paz pública "pueden atentar incluso contra el derecho fundamental de reunión y manifestación de los demás partícipes que acuden a la convocatoria convocada en legal forma y con ánimo pacífico, y en un contexto de pluralidad de personas pueden suponer un mayor riesgo para la integridad física de éstas". Además, apuntan que en el caso juzgado no solo se “incrementó el riesgo para la seguridad de los manifestantes”, sino incluso para “el ejercicio de las funciones de los representantes parlamentarios”.

En el juicio el acusado admitió haber utilizado un martillo para aporrear el candado, aunque señaló que se lo había encontrado en el suelo. Durante su declaración argumentó que se le imputaban "hechos no consumados, casi de intenciones",  y afirmó que cuando accedió al recinto del Parlament las puertas ya estaban abiertas. También negó la agresión al policía.