La Federación de Educación de CCOO de Cataluña exige que el próximo curso 2020-2021 se amplíen las plantillas entre un 20% y un 25% para hacer frente a las desigualdades provocadas por el Covid-19.
Esto supondría contratar 21.500 docentes adicionales que, según el secretario general de la Federación de Educación, Manuel Pulido, deberían repartirse entre la educación pública (16.500) y la escuela concertada (5.000). Pulido ha añadido que también se debería aumentar un 20% el personal de limpieza en los centros escolares.
Los retos tras la pandemia
El portavoz sindical ha señalado tres "retos" para el próximo curso: garantizar el derecho a la educación para todo el alumnado, garantizar la salud minimizando los riesgos de contagio y garantizar los derechos de los trabajadores de la educación.
Asimismo, ha lamentado que se siga lejos de invertir el 6% del PIB que fija la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
"Emergencia educativa"
La primera reunión de la mesa docente de personal no universitario ha sido decepcionante para la organización. La Consejería de Educación dirigida por Josep Bargalló ha limitado la oferta a 3.200 docentes y 1.800 profesionales de atención educativa para "paliar las sobreratios", ha explicado la responsable de Acción Sindical de Sectores Públicos, Rosa Maria Villaró.
Villaró ha sostenido que el departamento "no tiene en mente que existe una emergencia educativa", a lo que Pulido ha añadido que el departamento dirigido por Josep Bargalló no ha concretado nada en las instrucciones para el próximo curso enviadas a los centros. Para Pulido, las instrucciones son "un brindis al sol absoluto".
La enfermera escolar, asignatura pendiente
Villaró también ha reclamado la incorporación de la figura de la enfermera escolar, que ha considerado "imprescindible" para la protección de la salud, a lo que la responsable de Acción Sindical de Sectores Privados, Celeste Attias, ha añadido un plan de viabilidad para las guarderías y una negociación real con los sindicatos.
El secretario general de la Federación de Educación ha lamentado que no se consensúen las guías que se envían a los centros y que no haya una interlocución con los agentes sociales ni negociación en los ámbitos de prevención laboral.