El conseller de Interior, Miquel Buch, prometió la mayor auditoría de la historia del cuerpo de Mossos d’Esquadra tras los disturbios por la condena a los líderes del procés. Los resultados de esta investigación se han detallado este lunes en el complejo central de Egara, pero lejos de arrojar luz sobre los altercados que se sucedieron en toda Cataluña y la actuación de los agentes, se ha limitado a una declaración de buenas intenciones por parte de la policía catalana. Del total de 50 agentes investigados por 34 actuaciones, solo uno ha sido sancionado.
Entre los anuncios del cuerpo está el de aumentar la coordinación entre la Brigada Móvil (Brimo) y las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) del cuerpo; la introducción de elementos que permitan mantener las distancias entre efectivos y manifestantes, o potenciar la resolución de los conflictos de orden público mediante la negociación. De entre los datos que ha desgranado Buch, destacan el total de 877 movilizaciones postsentencia en Cataluña, el 19% de las cuales fueron de carácter violento --un total de 169 casos--.
Furgones de Mossos durante las protestas en Tarragona tras la sentencia del 1-O / EFE
50 agentes investigados
Ante diversos mandos del policiales, y representantes de entidades proderechos humanos como Irídia, el titular del Departamento ha hecho tres reflexiones. La necesidad de mejorar el modelo de orden público sin poner en riesgo una “herramienta tan importante en clave de autogobierno”; “usar la mediación como eje vertebrador para resolver conflictos” y “el refuerzo permanente de la confianza entre el cuerpo policial y la propia sociedad”. En la misma línea se han manifestado tanto el jefe del cuerpo, Eduard Sallent, como su director, Pere Ferrer.
Este último ha detallado que se investigan un total de 34 actuaciones de 50 agentes durante las protestas, de la cuales el 50% están judicializadas y las 17 restantes son a nivel interno del cuerpo. Solo uno de ellos ha sido sancionado, y la División de Asuntos Internos (DAI) ya ha archivado dos casos. También ha admitido que, “la intensidad de los altercados, así como su simultaneidad en el territorio, llevó a la estructura del sistema de orden público a un punto crítico”, en unos disturbios protagonizados por “grupos violentos con estrategia y organización” y con “la firme voluntad de enfrentamiento directo con la policía”, ha señalado.
Disturbios en el centro de Barcelona en las protestas tras la sentencia del 'procés' en Cataluña / EFE
Declaración de intenciones
Así consta en las conclusiones del informe de evaluación, que se ha centrado en propuestas de mejora para evitar que la estructura de orden público del cuerpo se vuelva a encontrar en un “punto crítico” por la intensidad de la violencia ejercida con "nuevas técnicas de guerrilla, la simultaneidad de los disturbios, así como "el efecto llamada y la capacidad de movilización" de sus protagonistas.
En definitiva, el anuncio de una investigación exhaustiva por parte de los responsables políticos del cuerpo tras la actuación de los agentes durante las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo se ha traducido en una petición de herramientas y medios para los efectivos antidisturbios para mejorar en su gestión de los conflictos. Durante su intervención para clausurar la jornada, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado concreción sobre esas 34 actuaciones de la policía investigadas y mejor comunicación del cuerpo, que no "propaganda".