Un total de 571 casos de racismo policial en Cataluña desde 1999. Así lo ha denunciado la entidad Sos Racisme, que subraya que la violencia por parte de los cuerpos de seguridad "no son casos aislados" sino consecuencia del racismo que permea las instituciones, leyes y todas las capas de la sociedad.
El Servicio de Atención y Denuncia (SAiD) de la organización ha atendido 2.514 casos desde esa fecha, y de ellos el 22,71% ha sido por racismo policial. Lamentan, además, que solo en cuatro ocasiones se ha condenado a los agentes, y que en ningún caso se ha aplicado el agravante de delito de odio.
Infradenuncia por sus consecuencias
Exponen también que diversos factores dificultan que las víctimas interpongan una denuncia. Entre ellos, la situación de indefensión en que se encuentran determinados colectivos como vendedores ambulantes, trabajadores sexuales o jóvenes migrantes. "A menudo las personas que denuncian se encuentran con una contra-denuncia confeccionada por los agentes implicados que les supone, no solo consecuencias penales, sino también de extranjería", han señalado.
Pancarta con los nombres de las víctimas de racismo policial en la Ciutat de la Justicia / SOS RACISME
También critican el racismo dentro del sistema judicial, "donde se otorga presunción de veracidad a la versión policial; se muestran reticencias hacia la motivación racista y se cuestiona la versión de la víctima, incumpliendo así la responsabilidad de garantizar sus derechos".
Cuatro agentes condenados en Cataluña
La primera condena que recoge Sos Racisme por este delito en Cataluña se remonta a 2006, cuando un agente de la Policía Nacional agredió a cuatro ciudadanos de origen extranjero durante un control un año antes. Fue declarado culpable de faltas de lesiones, injurias, malos tratos, y a una indemnización de 3.000 euros.
En 2014, un efectivo de la Guardia Urbana fue condenado por una falta de lesiones y una multa de 300 euros --más indemnización de 600-- por golpear a un vendedor ambulante. Tres años después, condenan a otro agente del mismo cuerpo por un delito de lesiones contra un arrestado en la comisaría de Nou Barris --en 2011--. El pasado año, un mosso d'Esquadra y un agente de seguridad privada también fueron condenados por un delito de lesiones por una agresión cometida una década atrás.
Agresiones impunes
La entidad lamenta que otras tantas agresiones y abusos policiales graves han acabado con impunidad. Entre ellos, la muerte de un interno en el CIE de la Zona Franca por denegación de asistencia médica en 2012, o la agresión de 15 policías a vendedores del top manta en 2011.
Antes esta situación, Sos Racisme exige a la administración pública el reconocimiento institucional de la existencia del racismo en los cuerpos de seguridad pública y su condena, así como datos oficiales y públicos que permitan identificar las dimensiones de esta lacra. También la implementación de mecanismos de control y evaluación para luchar contra "los abusos y las discriminaciones sistemáticas".