Tras conocer que su hijo había sido víctima de abusos en el colegio Maristas de Les Corts, Manuel Barbero colgó carteles por el barrio para denunciarlo. Así fue como logró, no solo destapar el caso, sino que otras víctimas se atreviesen a hacerlo. El responsable, un profesor de gimnasia, Joaquim Benítez, que confesó los hechos, y que ha sido condenado a 21 años y nueves meses de prisión, pero sigue libre. Será el 11 de junio cuando la Audiencia de Barcelona dictaminará si el pederasta entra o no en la cárcel. Tras la aprobación este martes del anteproyecto de ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia, subraya que será necesario dotarlo de fondos para que sea efectivo, y recuerda que “si no se denuncian los abusos, seguiremos teniendo agresores y víctimas”.
--¿Cómo valora la aprobación del anteproyecto?
Es un primer paso, pero ahora viene lo que verdaderamente tiene peso: el debate parlamentario. Debería tener todo el apoyo y el empuje de la Cámara, como la ley contra la violencia de género, y aprobarse por unanimidad. El anteproyecto no deja de ser una declaración de intenciones, a la que hay que dotar de fondos. No nos interesa una ley como la que se hizo aquí en Cataluña, la 14/2010, que no está desplegada, y solo sirvió para hacer publicidad y una foto.
--Es una nueva oportunidad para avanzar en la lucha contra los abusos a menores.
No voy a pegar saltos de alegría porque desde que salió el caso Maristas se han hecho muchos anuncios pero pocos pasos y lo que interesa es avanzar. El abuso sexual infantil es una verdadera sangría, son muchas las denuncias y tan solo el 5% acaban en condena y eso quiere decir que estamos fallando a nivel judicial, político y social.
--¿Qué una parte de ellos no acaben en condena tiene que ver con la prescripción de los abusos?
No es tanto la prescripción como que existan las medidas y el acompañamiento necesarios para que la gente lo denuncie a tiempo. El abuso sigue oculto y la gente no lo denuncia. Cuando existan medios al alcance de la sociedad, se podrá interponer la denuncia dentro de los plazos existentes. No puede ser que el proceso judicial tarde más de cuatro años, o que una persona condenada tarde años en entrar en prisión. Además, la prescripción solo aumenta para los delitos más graves. ¿Pero dónde está el límite? ¿El caso de mi hijo lo es?
--¿Todo ello influye en que alguien decida no denunciar?
Los mismos abogados o psicólogos te indican que no pongas la denuncia y que trates a tu hijo porque es un calvario. Si es un calvario, hagamos que no lo sea, por la doble, triple y octava declaración. Pues declaración preconstituida --una sola--; pero a día de hoy, aún teniendo los medios, no se hace, y se vuelve a llamar a la víctima para que preste testimonio.
--Pegar carteles en el barrio de Les Corts para denunciar los abusos sexuales sufridos por su hijo en el colegio Maristas ayudó a destapar otros casos.
Como sociedad hemos avanzado mucho, y los medios de comunicación han jugado un papel muy importante denunciando abusos a menores, porque políticamente no se ha avanzado nada. ¿Qué medidas se han llevado a cabo en Cataluña? Se están planteando montar el Barnahus --proyecto piloto de una casa para tomar declaración a la víctima en una sola ocasión--, pero cuatro años después todavía no está en marcha.
--¿Con qué se encontró cuando denunció?
Con que se trabajaba el abuso a puerta cerrada y eso es un error. Sí debemos mantener la intimidad de la víctima, pero también dar la voz de alarma, el grito hacia fuera, porque es un drama. La gente ahora sí lo sabe. El movimiento que hemos hecho, sin dar detalles de ninguna de las víctimas, es denunciarlo, porque sino seguiremos teniendo víctimas y agresores. Lo que nos interesa es que los agresores no tengan espacios para cometer sus fechorías.
--Su denuncia consiguió que otras víctimas también denunciasen.
Se sumaron al #metoo. Hay dos formas de justicia: la ordinaria y la social. Denunciarlo en público y generar un impulso para que se pueden llevar a cabo los cambios necesarios. Con la denuncia se hacen visibles las cifras de víctimas y también presión para que se apruebe este anteproyecto de ley.
--La vista que decidirá si el pederasta confeso de Maristas entra en prisión será el 11 de junio.
Todavía tiene derecho a recurrir al Tribunal Supremo. Como no se han vulnerado sus derechos, entiendo que no se admitirá a trámite, pero si ha cumplido sus medidas cautelares, pueden decidir que siga en libertad --hasta que no agote sus apelaciones--. Es la justicia que hay. Yo lo entiendo, pero muchos otros no pueden asimilar que una persona condenada a casi 22 años de prisión esté en la calle. Es la justicia que tenemos.
--Se necesitan todavía muchos más cambios.
Indudablemente. Se tiene que poner en marcha toda la formación de profesionales de la jurisprudencia. Hay dos leyes, una estatal y otra autonómica, que aconsejan que tienen que hacer un curso sobre entidad de género. Pero solo lo sigue personal que no está en primera fila --ni fiscales, ni magistrados--, y debería ser obligatorio.
--Igual que tomar declaración en varias ocasiones al menor víctima de abusos.
Cuando salga la nueva ley debería estar prohibido. Una y punto, que pueda levantar cabeza y que no tenga obligación de acudir al juicio de forma presencial. Pasa un auténtico calvario. Mi hijo ha tenido que declarar cuatro veces y no cerrará esa etapa hasta que el Tribunal Supremo diga que ese señor tiene que ir a la cárcel. Es ilógico. Lo he sufrido, y en algo tan claro como el caso Maristas; imagínese en otros. Con todo lo que conlleva económicamente, porque el juicio es un dineral, los abogados también, y así pasan años. Y quien no pueda pagarlo, ¿qué hará? No pondrá la denuncia e irá en detrimento de la persona que ha sufrido abusos.
--El 70% de las denuncias por abusos sexuales a menores no llega a juicio, según Save the Children.
¿Por qué de 800 denuncias --en Cataluña-- solo el 5% se traducen en una condena? El poder judicial debería analizar por qué hay tan pocas condenas de un delito tan grave. Es ilógico. Si pasan seis, siete u ocho años en todo el proceso, ¿cuánta gente se va a quedar por el camino? Por eso no doy saltos de alegría con el anteproyecto. Es un paso más, pero debe ponerse en marcha con una dotación económica para la ley.
--¿Cuál es la alternativa para las víctimas?
Debería ser el sistema público el que atienda a las víctimas, pero no se está haciendo. En Cataluña toda la atención es privada, excepto alguna entidad subvencionada. Y el servicio público que existe es nefasto, como la Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM) del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Un montón de críticas. Se dedican más a valorar a la familia que al menor, y para eso ya están los jueces, no el sistema sanitario. Además, si esa primera valoración, en una visita de 20 minutos al niño, se dictamina que no es creíble, ya están vendidos en un juicio porque es un documento oficial. Habría que poner el acento en la atención pública --solo hay dos unidades--, y deberían existir en cada hospital de referencia.