Mandos de Mossos d'Esquadra del sindicato Sicme han manifestado su indignación por la condena a dos años y cuatro meses de prisión al inspector, y mando de las Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) en Barcelona, Jordi A., por lesiones a dos indignados durante el desalojo de plaza Catalunya en mayo de 2011, y critican que el fallo "pone en entredicho" la labor del cuerpo.

A través de un comunicado, han subrayado su "apoyo absoluto" al inspector y apuntan que es un "excelente profesional de reconocido prestigio" en el cuerpo. Lamentan así que la Audiencia de Barcelona le condene por "hacer su trabajo como responsable de orden público". Para ello señalan hechos significativos del fallo, como que el operativo tuvo lugar en 2011, y no se le imputó hasta dos años después.

"Castigo inmerecido"

La causa se mantuvo parada entre 2014 y 2016 "sin ningún hecho imputable al acusado", y no es hasta enero de 2019 cuando se traslada al tribunal que, finalmente, celebra la vista oral en marzo de este año. "Destacamos estos datos para evidenciar la lentitud procesal inexplicable, con el consecuente calvario personal añadido para nuestro compañero. Han pasado más de nueve años desde aquella actuación de orden público y ahora llega este castigo inmerecido", han denunciado. 

Es más, ponen de manifiesto que, si los hechos enjuiciados eran tan graves como para merecer una "condena tan dura" --que, de ser ratificada por el Tribunal Supremo, conllevaría la entrada en prisión del policía--, no les parece aceptable "tal dilación". Tal como recogen, el fallo admite que "los resultados lesivos --por los que ha sido acusado el inspector-- no son graves" y que, durante la última década, este ha continuado ejerciendo en su cargo, sin que conste ninguna sanción o implicación en hechos similares. 

Necesario uso de la fuerza

Recuerdan además que durante el desalojo, 37 agentes resultaron heridos, que fue necesario el uso de la fuerza, tal y como ampara la Constitución para los policías, y así se autorizó tras advertir por megafonía a los concentrados antes de actuar. 

Por aquella época, detallan, el cuerpo no contaba con una unidad de mediación, y a raíz de este dispositivo, se introdujeron cambios en la actuación de los efectivos de orden público. Ponen de manifiesto que no es culpa del inspector condenado el retraso en la especialización de la organización. "Si un agente de orden público, sobrepasado por la cantidad de personas que le desobedecen de manera manifiesta, no puede hacer uso de la defensa para mantener la distancia de seguridad en una línea policial, esta no se puede mantener, y la sentencia lo pone en duda", argumentan.

Sentencia en suspenso

También señalan que la desobediencia y la resistencia activas no deberían considerarse como totalmente pacíficas y critican que una parte de la sociedad cuestione de forma sistemática el trabajo de los cuerpos de seguridad. Por ello apuntan que sentencias como la dictada contra Jordi A. "ponen en entredicho su labor".

"Insistimos en la inocencia de nuestro compañero, jefe de las ARRO en Barcelona, un gran profesional. Consideramos que ha sido injustamente condenado, y pedimos y confiamos que la sentencia quede en suspenso hasta que sea modificada y transformada en libre absolución", mediante el recurso de casación al Supremo que presentará el inspector. 

"Cumplimiento de órdenes políticas"

También el sindicato SAP-FEPOL se ha adherido al comunicado de Sicme y ha tildado de "injusta y desproporcionada" la condena. En otro texto, la organización de agentes señala que el inspector ha sido condenado por ejercer expresamente las funciones "que le habían encargado" --el desalojo de la plaza--, y recuerdan--reconociendo el fracaso del operativo--, que todas las actuaciones realizadas fueron "en cumplimiento estricto de órdenes políticas". Así, lamentan que la obediencia a estas haya supuesto "consecuencias tan lesivas a nivel personal" para su responsable. 

Los agentes condenan la presión que ha sufrido este mando a lo largo de los últimos años, al igual que las actuaciones de orden público, y esperan "la revisión y modificación por parte del Tribunal Supremo" de la sentencia. Subrayan así su reconocimiento a la trayectoria profesional del mando condenado. "Un reconocimiento directamente proporcional a la indignación que ha generado el fallo en las unidades que están bajo sus órdenes". 

Recuerdan así que la tarea de los efectivos de orden público no es sencilla en ningún cuerpo policial, pero aún menos en los Mossos d'Esquadra, cuerpo que, con demasiada frecuencia, se utiliza, no para mejorar sus condiciones de trabajo, lamentan, sino "para generar enfrentamiento político".