El sindicato CSIF ha denunciado ante Fiscalía a Ada Colau por presunta prevaricación por el nombramiento a dedo del jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, y también a este. Ya que, según la organización, la alcaldesa de la capital catalana adjudicó el puesto a Pedro Velázquez el pasado 17 de diciembre cuando dentro del cuerpo prestan servicio otros ocho efectivos, del mismo rango; intendentes mayores. 

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Crónica Global, al ser todos ellos miembros de la plantilla con la misma graduación, el consistorio debió "haber realizado el nombramiento del jefe de la policía local "de acuerdo con los principios de objetividad, mérito, capacidad e igualdad de oportunidades y no de forma unilateral y arbitraria, y sin ningún fundamento legal", como acusan a Colau, y recuerdan que corresponde a la primera edil realizar dicha designación. 

Sin criterios de objetividad y mérito

Desde CSIF sostienen así que "en el presente caso resulta obvio que no se produjo un nombramiento conforme a los principios constitucionales de objetividad, mérito, capacidad e igualdad, dado que el cese del anterior jefe del cuerpo, Evelio Vázquez, se produjo mediante decreto de alcaldía, al igual que el nombramiento de su sustituto", con un solo día de diferencia, lo que, a juicio del sindicato, es un plazo en el que resulta "materialmente imposible que se produzca un procedimiento de convocatoria entre los funcionarios de mayor graduación para efectuar el nombramiento", bajo los condiciones citadas. 

Es más, apuntan que fue el mismo día de su nombramiento, cuando Velázquez ascendió de intendente a intendente mayor. "Es decir, se produce el nombramiento de jefe de la Guardia Urbana sin tener ninguna antigüedad" en esa categoría, expone la demanda. 

Imparcialidad en el nombramiento

El texto presentado ante Fiscalía el pasado 26 de mayo, también esgrime que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que las administraciones públicas "seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos que garanticen" los principios constitucionales a los que hacen referencia --objetividad, mérito, capacidad e igualdad--, así como "la publicidad de las convocatorias y de sus bases", y la "imparcialidad y profesionalidad de los miembros de sus órganos de selección". 

Así, el sindicato sostiene que Colau ha vulnerado dichos principios con el nombramiento de Velázquez. Por ello CSIF interpuso el pasado enero un recurso de reposición contra el decreto de alcaldía para el nombramiento del nuevo jefe de la Urbana, y señalan que, hasta la fecha, no han recibido contestación alguna. 

"Aceptó el cargo fraudulentamente"

Señalan desde CSIF que, Velázquez, "aun a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento, aceptó el cargo fraudulentamente el 17 de diciembre de 2019 y se halla actualmente ejerciendo ininterrumpidamente las funciones inherentes" al mismo desde la fecha de publicación del decreto de alcaldía. 

Reseñan, además, que no fue hasta el 10 de marzo cuando se publicó el documento de convocatorias y bases para el acceso a la plaza de jefe de la Urbana en la gaceta municipal. "Primero se otorga por decreto nominal el puesto con ejercicio del mismo, sin que medie razón alguna de urgencia, y posteriormente, se le intenta dar forma jurídica con un revestimiento de legalidad a una decisión previa arbitraria e injustificada a efectos de blanquear el procedimiento", consta en la queja presentada ante Fiscalía. 

Decisión "arbitraria"

Por todo ello, la organización entiende que la decisión de Colau obedece a un decreto "arbitrario, injusto y carente de procedimiento", que apunta a un "presunto delito de prevaricación administrativa". Lamentan además que esta actuación "ataca frontalmente al normal funcionamiento de la administración pública como bien jurídico objeto de protección constitucional" y, manifiestan, se aparta de su "finalidad principal  de servir con objetividad a los intereses generales". 

Recuerdan así que el Código Penal recoge que el citado delito de prevaricación consiste en, desde una posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública; "proponer, nombrar o dar posesión, a sabiendas de su ilegalidad para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos". 

Por todo ello, CSIF reclama a Fiscalía que admita su demanda por un presunto delito de prevaricación contra la primera edil y también contra el intendente Velázquez, a fin de la apertura de diligencias de investigación.