Fue en junio de 2018 cuando Sulayman, agente de la Guardia Urbana de Barcelona de 39 años, se lesionó durante una intervención policial. Perseguía a un caco cuando, durante la carrera, se rompió los ligamentos. El origen del daño se remonta a doce meses atrás, cuando se lastimó entrenando, pero, por la presión que recibía desde el cuerpo, tras agotar los tiempos de rehabilitación, se reincorporó de nuevo a su puesto, sin estar del todo recuperado.
Tras el daño, de madrugada, este policía acudió a urgencias con el tobillo hinchado. “Allí me dicen que no me pueden dar la baja porque es una recaída y que es mi médico quien tiene que hacerlo”. Tras una discusión con los sanitarios, le firmaron el documento. A pesar de ejercer como funcionario en la capital catalana, tiene su domicilio fijo en Huelva, a donde regresaba tras desempeñar turnos de siete u ocho días consecutivos, y coger dos de descanso; y allí inició su recuperación.
De recibir el alta a pasar por quirófano
Trasladó su mutua a la ciudad andaluza, y ahí comenzó su “calvario”, relata. Tras observar las resonancias y los informes de su evolución, la entidad le obliga a reincorporarse. Es cuando Sulayman acude a la Seguridad Social, que le da la baja, y un traumatólogo le dice que le tienen que operar. En enero de 2019 acude a una segunda evaluación en Barcelona, y otro especialista constata que debe pasar por quirófano.
En abril, este agente pasa por una intervención de tres horas. “Por un edema óseo, ligamento roto, y cuando me operaron se dieron cuenta de que tenía también afectado el cartílago del tobillo. Me lo rompen y me ponen una membrana de cicatrización, pero el médico ya me dijo en su día que no veía claro que pudiera seguir caminando o corriendo”, recuerda. Sí puede andar, pero no realizar esfuerzos. “Ningún ejercicio para potenciar, ni saltar, ni carrera continua. La lesión que tengo está en la base de la tibia, justo donde apoya el tobillo, y cualquier peso o ponerme de puntillas es imposible, porque veo las estrellas”, apunta. Eso sí, celebra que, tras la operación, al menos ha conseguido “no dormir a base de pastillas por el dolor”.
Sin respuesta del INSS
El mes que le operan finalizan los perceptivos 18 meses de baja, y su mutua solicitó una demora de seis meses al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para su calificación, y pasar así el tribunal médico una vez finalizado el proceso de recuperación. No recibe respuesta, y sigue con sus ejercicios para poder reincorporarse. Lo hace en Huelva, ya que allí había trasladado su seguro durante su convalecencia, y así se lo indican desde la capital catalana, cuenta. Llega enero de este año, y su seguro le comunica que deja de abonarle la baja.
“Esgrimen que no han recibido ninguna comunicación del INSS, y cuando me presento allí, me dicen que no saben nada de mí, que es la mutua quien tiene que abrir el expediente para que me visite el tribunal médico, pero no habían enviado nada”, lamenta Sulayman. Ese mismo día recibe el informe de su alta.
Incapacidad total
Se pone en contacto con la coordinadora de su mutua en Barcelona y consigue que le mantengan el pago de su prestación hasta que reciba la resolución del INSS. Es en febrero cuando pasa el tribunal médico, y el pasado 4 de mayo recibe un correo electrónico que le hace saber que este ha sido “favorable” y que recibirá una notificación una vez finalice el estado de alarma. “No sabía que significaba, pero luego pregunté, y me explicaron que me habían concedido la incapacidad total, aunque nadie me lo ha notificado de forma oficial”, detalla.
Sulayman denuncia el trato que ha recibido por parte del consistorio de Barcelona. “Un desamparo total. Nadie me llamó para preguntarme como estaba o para informarme. Solo lo hicieron para decirme que entregase mi carnet profesional y que me tenían que retirar el arma”, explica. Aún hay más. El Ayuntamiento decide vaciar su taquilla, recoger sus cosas, que han guardado en un almacén, y expulsarle de su unidad. Le han jubilado de forma forzosa --según le ha avanzado su jefe--, pero tampoco se lo han comunicado. “Eso fue el 11 de mayo y yo no he recibido ningún tipo de resolución del INSS, ni noticias de la administración”, denuncia.
Sin noticias del consistorio
“Estoy esperando a que se dignen a llamarme para que me digan que, tras casi 15 años de servicio, me van a jubilar de forma forzosa por una resolución que aún no he recibido, y mientras tanto, no puedo recurrirla, porque primero tengo que ser notificado”, reclama el policía. Durante todo este proceso, ha contado con el apoyo de L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), con sede en Barcelona, y su presidente, Vicenç Flores, para lograr la readaptación de su puesto de trabajo según su capacidad funcional. Y es que, como señala el fundador de la entidad, “la alcaldesa Ada Colau se llena la boca con la convención de la ONU sobre los refugiados pero se olvida de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Y es Sulayman quiere acceder a una segunda actividad. “Un puesto adaptado, en administración, o haciendo diligencias, y si mejoro, y dejo de referir dolor, reincorporarme como agente en activo. Eso fue lo que solicité al ayuntamiento en febrero y aún estoy esperando respuesta”, señala. Hace tres semanas volvió a presentar otra instancia por el mismo motivo, pero tampoco contestan a su solicitud. “Es increíble como a alguien como yo, que entraba antes de la hora y se iba siempre tarde, le tratan como a un trapo viejo”, lamenta.
Tampoco ha recibido notificación formal del retiro forzoso. “¿Qué tipo de jubilación tengo, qué pensión tendré? Nadie me explica nada. Tengo un hijo de 12 meses, ¿de qué voy a comer? Si no fuese por AILPOLD estaría totalmente desamparado”, alerta. Y es que este policía lleva dos años y medio “peleándose con todo el mundo”. Se encuentra cansado y saturado. “Somos guardias, y parece que seamos la última purria del ayuntamiento, da igual que des tu vida y te guste tu oficio”, critica.