Lupe, la policía con discapacidad que logró un puesto adaptado tras cuatro años de lucha

Lupe Carrasquilla (47 años) se incorporó al cuerpo de Policía Local de Sant Pere de Ribas en 2005. Seis años después comenzaron sus problemas de salud. Lesiones en la espalda, lumbares, cervicales. No había sufrido ningún accidente en acto de servicio, pero en ocasiones se encontraba mal. “Las traumatólogos no entendían cómo en un periodo tan corto de tiempo tenía tantas lesiones”, explica. La intervenían, y en el mínimo tiempo posible, se reincorporaba a su puesto --“te sientes mal, presionada, y te fuerzas a volver al trabajo”, cuenta--. Un día especialmente duro no aguantó más y comunicó a sus compañeros que finalizaba su servicio 10 minutos antes de la hora establecida. Fueron ellos quienes la encontraron desmayada en su coche. Había sufrido una trombosis.

Eso ocurrió en 2013, cuando ya no pudo volver a su puesto. “Cogí la baja, y los médicos comenzaron a investigar para ver qué me pasaba. Con el paso de los años me han diagnosticado el síndrome de Behçet, una dolencia que me causa daños en el sistema circulatorio con afectación a varios órganos”, señala. Antes había tenido ya varios avisos. “En una ocasión la mano no me respondió y un cabo tuvo que desmontarme el arma para meterla en el armero; no sabía que me pasaba”, recuerda. Durante el periplo de especialistas para detectar su enfermedad, recibe una comunicación de la Seguridad Social. “Me habían dado de baja del Ayuntamiento sin comunicarme nada. Llamé a recursos humanos y me dijeron que era el procedimiento habitual y que no pasaba nada. No dudé de lo que me decían”, cuenta.

Jubilación forzosa

Pero un buen día descubrió que la habían jubilado. “Recibí una carta certificada con el carnet de pensionista. Lo recuerdo como el peor día de mi vida porque es algo que no te esperas. No había recibido ningún decreto de alcaldía, ninguna notificación del ayuntamiento conforme a que me cesaban. Nada”, recuerda. El INS ya había resuelto que padecía una incapacidad permanente total y el responsable de recursos humanos le comunicó que no podía seguir trabajando. Carrasquilla era consciente de que no podía desempeñar su labor como agente de calle --“voy descoagulada por mi enfermedad y si se produce una reyerta y me hieren me podía desangrar”-- pero sí cualquier otro puesto adaptado.

Dos policías locales en Sant Pere de Ribes

Finalmente lo consiguió, pero no ha sido un camino fácil. “Miré el convenio y vi que la segunda actividad estaba regulada en un anexo, pero cuál es mi sorpresa cuando veo que el anexo no existe. Me dijeron que nunca se había desarrollado. Me había quedado en la calle, con un puesto de funcionaria, con una mano delante y otra detrás, porque no tenían ningún seguro contratado para cubrir la incapacidad, yo cobré el último mes, y no había nada más”.

“En tierra de nadie”

Lupe es madre de tres hijos. Uno de ellos, con un discapacidad psíquica del 50% tras sufrir un accidente cuando tenía ocho años. “Pasé nueve meses en la academia para tener un puesto de trabajo y me echan a la calle sin darme ni si quiera ni un triste papel”, lamenta. Tras ello, reclamó al consistorio de Sant Pere un puesto adaptado a sus lesiones pero se lo denegaron. Se vio “en tierra de nadie” hasta que un compañero le habló de L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD). Su presidente, Vicenç Flores, la orientó para poder reclamar sus derechos. “Sin ellos no hubiera podido hacer nada porque vamos perdidos”, agradece Carrasquilla. Tras estudiar la normativa, se agarró al convenio, y reclamó su derecho a un puesto adaptado.

A pesar de que el Juzgado Contencioso Administrativo 3 Barcelona desestimó su caso, el Tribuna Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón en diciembre de 2018. El consistorio todavía tardó otros 4 meses en reincorporarla. “El fallo indicaba que tenía que ser un puesto compatible con mi incapacidad y por ello ocupo uno de nueva creación en el que desempeño exclusivamente tareas administrativas en el Departamento de Gobernación”, relata.

Coches y motos de la Polícia Local de Sant Pere de Ribes / AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES

Luchar para trabajar

No puede estar más contenta con su victoria. “Quiero que los compañeros no se conformen, que piensen en lo que pueden hacer, tienen que batallar, pensar en sus capacidades y no en la discapacidad”, subraya. “Soy feliz y mis superiores me lo dicen. No tenía que haberme ido porque lo que hago ahora lo podía haber hecho cuando me echaron a la calle. Te queda un punto de frustración pero también de satisfacción por haberlo conseguido”, confiesa. Y es que, aunque le “duele en el alma” no poder llevar su uniforme, y ver a sus compañeros salir de servicio, celebra su situación.

Lupe anima al resto de agentes que se han visto discriminados por una discapacidad sobrevenida a dar la batalla. “Se puede conseguir, hay que pelearlo, pero no hay que tener miedo. Yo tengo una discapacidad del 52% reconocida desde 2015, me han operado de glaucoma, y aquí sigo”, señala. Y es que esta lucha va más allá de su puesto. “Pienso en mi hijo, yo no voy a estar aquí siempre y todos merecemos un porvenir”, señala. Ahora lleva dos meses de baja, porque se ha infectado de Covid-19 y sigue dando positivo. Aún así, se muestra positiva porque, al fin y al cabo, ha vencido. Un periplo de cuatro años de lucha para acceder a un derecho fundamental; trabajar.