La patronal de colegios de élite se planta ante los padres en guerra por las cuotas que se pagan durante la reclusión forzada por el estado de alarma. La asociación Escoles Independents Privades de Catalunya (EPIC), que agrupa a unos 60 campus de élite de la región, ha revelado que un informe jurídico de parte blinda el pago de las tasas de escolarización durante el encierro, pese a la caída de la cantidad y calidad lectiva.
Así lo señaló Álex Cerdà, presidente de Epic, en conversación con TV3. El directivo subrayó que la organización empresarial ha encargado un informe jurídico sobre el conflicto de las cuotas durante la reclusión. "Una de las conclusiones de este documento es que por cuanto somos escuelas privadas y prestamos servicios de enseñanza de calidad, quedamos legitimados para atender estas cuotas", ha destacado Cerdà. La misma fuente ha indicado que a pesar de ello, los campus internacionales "están ofreciendo descuentos" a las familias que lo necesitan.
Hamelin Laie también rompe su silencio
Las primeras declaraciones públicas de la patronal sobre el conflicto en los colegios de élite de Cataluña llegaron acompañadas, también, del pronunciamento vertido por la fundadora de Hamelin Laie, miembro de la asociación y uno de las escuelas globales afectadas por una revuelta de padres. Purificación Sas, la reina de las guarderías, recalcó que "ya hacemos descuentos a familias con problemas, a una, a dos, a cinco y a diez, hasta del 100%".
Según la directiva, que pilota un campus global prestigioso --y saneado económicamente-- en Montgat, "de lo único que se mantiene la escuela privada son las cuotas de los padres. Si esto nos falla, nos quedamos sin absolutamente nada".
Denuncias en ciernes
El posicionamiento de Hamelin Laie --donde unas 500 familias están en franco conflicto-- y de la patronal Epic difícilmente apaciguará el conflicto en los colegios privados catalanes. Ello es sí porque en instituciones de tanto prestigio como Agora International School de Sant Cugat del Vallès o los padres y madres están explorando la posibilidad de presentar denuncias contra el centro.
El núcleo de la pugna no es otro que el pago de las onerosas cuotas de los meses y trimestres durante los cuales los niños han tenido que hacer clase virtual porque los campus estaban cerrados con arreglo al estado de alarma. Las familias se quejan de una caída de la cantidad y calidad educativa. Por su parte, las direcciones de los centros señalan que necesitan continuar cobrando para garantizar su viabilidad económica.