"La falta de criterios claros de actuación, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas, abre la puerta a que agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan cometer abusos". Son palabras de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La entidad denuncia que la policía ha interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales.
Desde la organización recuerdan que la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como ley mordaza--, "supone una amenaza para los derechos de reunión pacífica, expresión e información, al igual que amplía los poderes de la policía a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control". Aunque son conscientes de los "dificultades y retos" que supone para los agentes la actuación en un "contextos sin precedentes", como es la pandemia, temen que hayan desarrollado su función "con un enfoque principalmente coercitivo".
Casos flagrantes
"La aplicación, sin matices, del estado de alarma ha provocado que muchas personas, a pesar de tener una razón para poder estar en la calle, tengan miedo a ser sancionados", ha apuntado Beltrán. A pesar de que se autorizó, por parte del Ministerio del Interior, la salida de personas con discapacidad con necesidades especiales durante el confinamiento, la organización ha documentado casos como el de Carlos --nombre ficticio-- y su hija, que tiene un grado de discapacidad intelectual del 69%, en el que no se respetó su derecho.
Un agente coloca las esposas a uno de los detenidos / MOSSOS
Ambos tuvieron que enfrentar una situación de hostilidad por parte de un agente de policía, quien finalmente interpuso a Carlos una multa por llevar a su hija a la compra en coche. "Aquí pone que puede andar y que puede caminar, no es down ni es autista", le espetó el agente al leer el carnet de la discapacidad de la chica, ya llorando en el asiento de atrás, y que ese día portaba el pañuelo azul, distintivo para personas con necesidades especiales durante el estado de alarma.
Asistencia a colectivos vulnerables
La organización también ha recogido varios testimonios de personas que han sido denunciadas por estar llevando a cabo una labor de asistencia a colectivos vulnerables, como es el caso de Javier González, en Santander, que fue denunciado dos veces el mismo día por llevar agua a un grupo de migrantes que carecían de cualquier tipo de apoyo asistencial.
"Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia global, ni la legitimidad o necesidad de las actuaciones policiales para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento", pero recuerdan que la mera presencia en la calle de algunas personas no constituye obligatoriamente un delito de desobediencia. Por ello subrayan que La sanción no debe ser utilizada más que como último recurso, cuando se han agotado otras vías. "Sin embargo, los agentes están, en muchas ocasiones, simplemente usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y, otras, ni siquiera atendiendo a los razonamientos legítimos que les daban las personas", denuncia el organismo.
Mecanismos de control
Por este motivo, reclaman al ministerio de Fernando Grande-Marlaska "nuevos protocolos de actuación, evaluación continua de la actuación de las fuerzas de seguridad y un sistema de garantías que reduzca las posibilidades de que se produzcan nuevos casos de arbitrariedad policial durante el estado de alarma". Entre estos, medidas para mitigar el impacto desproporcionado que las sanciones pueden tener sobre determinadas personas.
También vincular la cuantía de la multa a los ingresos de la persona sancionada, o sustituir la sanción por servicios a la comunidad. La organización exige que se lleve a cabo una evaluación de la actuación policial y de la rendición de cuentas durante el estado de alarma.