Un total de 127 controladores de los 133 que serán juzgados por el caos aéreo en 2010 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas que se impondrán por un delito de abandono de servicio público. Desde USCA, sindicato mayoritario de estos profesionales, recuerdan que fue el Estado el que cerró el espacio aéreo en 2010 y, fue responsable, por tanto, de la cancelación de centenares de vuelos y de dejar en tierra a los pasajeros.
En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de empleados públicos de los acusados y el "esencial" servicio que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo". Así, reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación.
Cierre del espacio aéreo
El escrito de acusación recuerda además que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y de otros tantos vuelos programados para el 4. Pese a ello, Daniel Zamit, portavoz de USCA, subraya que "fue el Estado el que cerró el espacio aéreo y creó un caos en 2010” .
Desde el sindicato explican a Crónica Global que la mayor parte de los trabajadores han decidido llegar a un acuerdo porque tras una década, quieren dar carpetazo al asunto. "Hemos acordado pagar 1.000 euros a cada uno de los perjudicados en el acuerdo con Fiscalía", detalla Zamit. Eso sí, siete de sus compañeros seguirán adelante. Entre ellos César Cabo, que entonces era portavoz de USCA, acusado como cooperador necesario para abandono de servicio, y que “quiere defender su inocencia en el juicio”.
Acuerdo de conformidad
Desde el Despacho Cremades y Calvo Sotelo, que representa a 12.500 afectados en esta causa, el abogado Óscar Arredondo, explica a este medio que valoran de forma muy positiva que la gran mayoría de acusados se hayan acogido al acuerdo de conformidad, aunque todavía queda que así lo manifiesten, uno por uno, ante el magistrado de uno de los Juzgados de lo Penal de la calle Albarracín.
Un controlador en la torre / CONTROLADORES
"En nuestro escrito de acusación provisional consta la petición de que los controladores aéreos fueran condenados por un delito de abandono de funciones, en virtud del cual se impondrá una pena de multa; y para los promotores y organizadores, la suspensión de empleo o cargo. Se ha llegado a un acuerdo por el cual cada uno de ellos tendrá que abonar 1.000 euros a cada uno de los perjudicados y los daños materiales que hayan tenido cada uno de ellos. Además, aceptan una condena penal", detalla Arredondo.
20 causas desestimadas
En 20 de las 22 causas abiertas contra ellos, estos trabajadores han resultado absueltos. Solo en una ocasión, en la de Palma de Mallorca, los profesionales llegaron a un acuerdo por el que los acusados se declararon culpables, excepto siete, que resultaron absueltos. “En 20 juzgados de toda España, 20 jueces y 20 fiscales no han encontrado ninguna conducta delictiva y esta gente --en referencia a los siete compañeros que siguen adelante en Madrid-- tiene más fuerzas que el resto y quieren seguir peleando por su inocencia. Les animamos a que peleen todo lo que puedan, pero muchos otros consideran incompatible llevar una vida normal cuando sobre ellos pesa una acusación penal, y ese sambenito de que cerraron el espacio aéreo, cuando es mentira", lamenta Zamit.
El representante sindical recuerda que "la falta de persona en control aéreo es endémica, aquí y en toda Europa, pero ese año, habíamos avisado desde julio que al ritmo de programaciones mensuales que teníamos, al llegar noviembre-diciembre, la mayoría de la plantilla ya habría cumplido el máximo de horas legales que podíamos hacer, que eran 1.670". Fue entonces cuando los trabajadores excedieron sus jornadas y, señala, se les sacó del "régimen laboral" para introducirlos en el militar, "dónde ya no hay cómputo de horas".
"Los malos de la película"
Desde USCA señalan que pretenden evitar pasar dos o tres meses, los que se alargue el proceso, "escuchando barbaridares" contra ellos en sala. “Mucha gente ya no tiene fuerzas, son diez años acusados por lo penal de un delito que no hemos cometido, con el convencimiento de que la responsabilidad no fue nuestra, y es muy duro. Queremos darle carpetazo y volver a tener una vida normal”, cuenta Zamit.
“De cara a la sociedad somos los malos de la película. Y nosotros avisamos en junio de que no íbamos a llegar a prestar servicio en diciembre, y fue verdad", recalcan desde el sindicato. Eso sí, reconocen que si pensaran que "tienen las de ganar", no hubieran "conformado" en la última causa abierta por el cierre del espacio aéreo en 2010.