Un inspector jefe de la Policía Nacional ha aceptado una pena de dos años de cárcel por dar chivatazos al líder de un clan de narcos de la Mina (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) de operaciones antidroga que iban a llevar a cabo los Mossos d'Esquadra.
El policía, jubilado desde 2017, ha pactado este castigo con la Fiscalía, que pedía inicialmente nueve años y medio de cárcel, y ha evitado así que lo juzgase un jurado popular por los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y favorecer el tráfico de estupefacientes.
Multa de 6 euros al día durante ocho meses
Del mismo modo, el jefe de este clan de narcos de la Mina ha aceptado una condena de un año y ocho meses de cárcel (la Fiscalía solicitaba para él cinco años y medio) por cohecho y violación de secretos.
Sin embargo, ninguno de los dos pisará la prisión, pero, a cambio, participarán en un curso formativo sobre los perjuicios de las drogas y se comprometen a no delinquir en los próximos tres años. Además, el inspector queda inhabilitado por cuatro años y deberá abonar 6 euros al día durante ocho meses, misma multa impuesta al patriarca del clan. El juez tiene la última palabra.
Así se producían los chivatazos
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se produjeron entre noviembre de 2015 y junio del 2017, período en el que el el inspector jefe Félix Riesco proporcionó información "trascendental" a Ángel Amaya, patriarca de uno de los clanes más destacados del barrio de la Mina, sobre operaciones de los Mossos contra el tráfico de drogas que afectaban a su familia.
El policía procesado obtenía la información utilizando los contactos que tenía en la policía catalana para lograr, con algún "pretexto baladí y superfluo", la fecha y la localización de los registros que iban a producirse en el barrio de la Mina y que afectaban a la familia de los Amaya, conocidos como clan Alunda, y así frustrar las operaciones policiales y judiciales en curso.
Varias operaciones frustradas
Tras obtener esta información reservada en su condición de inspector jefe, Riesco se entrevistaba personalmente y de forma periódica con el patriarca de los Amaya, quien le abonaba la cantidad de dinero acordada, delitos que en dos ocasiones fueron grabados por los agentes de los Mossos en la calle.
De esta manera, se frustraron entre otras las denominadas operaciones Titán y Picapiedra en noviembre de 2015 y la Neptuno en abril de 2017, ya que los familiares de este clan pudieron huir y vaciar los domicilios antes de que se produjeran los registros.