"Me han hecho un linchamiento público y todo para quedarse con mi piso a precio de ganga". Esta es la opinión de Esther Argerich, la propietaria de un piso de Barcelona a la que varios dirigentes de Unidas Podemos --entre otros, Irene Montero-- señalaron de forma pública por querer expulsar de su vivienda a los inquilinos que allí residían.
Esther alquiló su propiedad a una familia con hijos hace 12 años, tal como ella detalla en una carta abierta a través de un blog en internet. Llegó un momento en el que quiso recuperarla para un uso personal y los arrendados se negaron a abandonarlo. Fue entonces cuando "empezó la pesadilla", en sus propias palabras.
140 m2 por 1.000 euros
La propietaria detalla que la vivienda en cuestión cuenta con 140 metros cuadrados, cinco habitaciones, tres baños, se encuentra cerca de la Sagrada Familia y que los inquilinos contaban con un alquiler de 1.000 euros mensuales. El primer contrato que se les realizó tenía un precio algo superior, pero "con la crisis y al decirme que habían perdido un trabajo, se les bajó el precio", asegura.
En 2018 "venció el último contrato que se firmó con ellos" y Esther quiso poder disfrutar del inmueble de forma personal. "Yo no quería renovarles más el contrato, sino recuperarlo para mí y mi familia por ser mayor que el que tenemos actualmente y reformarlo", detalla y añade que esta decisión fue comunicada a la familia a través de un burofax. Sin embargo, y a causa de ciertos problemas familiares --su marido sufrió un ictus y estuvo ingresado de gravedad en el hospital-- decidieron posponer el cambio de dommicilio y ofrecieron un nuevo alquiler a los residentes.
Actualización del alquiler
La propietaria comenta que el contrato --a tres años y sin posibilidad de renovación-- incluyó una actualización del precio mensual hasta los 1.300 euros. Una cantidad que se encuentra muy por debajo del precio de mercado de un piso de esas características en la zona, asegura Esther, pero que se decidió así ya que "llevaban mucho tiempo" en el piso. Pero ello tampoco convenció a los inquilinos: "Llamaron varias veces a la administradora comunicando que no se querían ir pero que tampoco aceptaban el precio".
Poco después, el Sindicat de Llogaters y la Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia se puso en contacto tanto con la administradora como con la propietaria "exigiendo que negociáramos (a la baja) con los inquilinos". Se les detalló que el objetivo principal no era renovarles el contrato, sino recuperar el piso y poco después comenzaron los escraches. Incluido el realizado desde las filas del partido de Pablo Iglesias.
Mensaje de Irene Montero a Esther Argerich / TWITTER
El alquiler 'social' de Colau
A todo ello se une la entrada en escena de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "les ha concedido un piso social a los inquilinos" en Les Corts. Según Esther, dicha vivienda cuenta con 60 metros cuadrados, tres habitaciones y un alquiler de 850 euros al mes.
Es necesario destacar el precio del metro cuadrado para comprobar la realidad de este alquiler social. En el piso de Esther, la familia pagaba 7,14 euros/m2 con el alquiler antiguo, que hubiera ascendido a 9,28 euros en el caso de que hubiesen aceptado la subida de la mensualidad a 1.300 euros. En el nuevo piso ofrecido por Colau --siempre según los datos que facilita esta vecina de Barcelona--, el precio del metro cuadrado se sería de 14,17 euros. Casi el doble de lo que pagaban a Esther. Este medio se ha puesto en contacto para corroborar la veracidad de esta información con el Ayuntamiento de Barcelona, que aún no ha contestado.
Dieron sus datos personales
Esther Argerich asegura que las dos organizaciones sociales crearon "concentraciones violentas" con pancartas y folletos en los que se incluían sus datos personales y que "se pusieron en contacto" con Podemos para darles a conocer el caso. Fue entonces cuando tres dirigentes del partido, Irene Montero, Rafael Mayoral e Ione Belarra, "difundieron mensajes dando mi nombre en Twitter y diciendo que negociara con los inquilinos". Aunque Montero señaló a la persona equivocada a través de su perfil en la red social.
Señala también la propietaria las palabras de Pablo Iglesias sobre su caso, que "dijo en un programa de televisión que yo era una gran propietaria que tenía más de 17 pisos". "Todo falso porque ni soy una gran propietaria, ni empresaria, ni mi nombre era público", explica la dueña de la vivienda. La exposición pública recrudeció la virulencia de los ataques y ello repercutió en la salud de Esther, que detalla que la "angustia" y los "nervios" que ha vivido le ha llevado a tener que pedir bajas laborales e, incluso, a medicarse.