El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el veto a cerca del 20% del 1,1 millones de vehículos que circulan diariamente por la ciudad y su conurbación, a partir del 1 de enero de 2020. Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau, el PSC y los independentistas de ERC y JxCat han avalado la ordenanza, que cortará el paso a los automóviles, motocicletas y furgonetas que más contaminen.
La norma ha visto hoy la luz en el pleno municipal de Barcelona tras una cerrada defensa del polémico concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. El edil ha aseverado que los 95 kilómetros cuadrados de restricciones servirán para reducir un 15% los niveles de nitrógeno y partículas en suspensión. Este esperado descenso de la contaminación en la capital catalana permitirá, según él, luchar contra las 350 muertes prematuras al año que causaría la polución ambiental en la ciudad condal y su area metropolitana.
La oposición desconfía
Si bien BComú, PSC, ERC y JxCat han apoyado la medida --estos últimos con algunas reservas, como la necesidad de reforzar el transporte público, como advirtió el Racc--, Ciudadanos, Barcelona pel Canvi --la plataforma amplia del ex primer ministro francés, Manuel Valls-- y el PP se han abstenido. Las tres fuerzas de la oposición han esgrimido argumentos similares, como lo "lesivo" de la medida o su impacto sobre las clases trabajadoras más desfavorecidas, que no pueden permitirse el lujo de comprar un automóvil nuevo que sí pase el corte de la ZBE.
Las tres formaciones, además, han afeado al gobierno municipal que no haya valorado sus alegaciones para mejorar la propuesta o que, por ejemplo, no se haya velado por los derechos de los ciudadanos que acuden a centros hospitalarios públicos de referencia, que tratan a pacientes que viven fuera de Barcelona, como el Parc de Salut Mar (PSMAR) o el Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospital. Pese a sus razones, la ordenanza ha salido adelante por mayoría y sin un voto contrario.
Decenas de quejas de particulares
Minutos después de que el pleno municipal de Barcelona diera luz verde al veto a los vehículos contaminantes (los de gasolina matriculados antes del año 2000 y de gasoil que pisaron la calle antes de 2005), la Síndica o defensora del vecino ha revelado que ha recibido hasta 64 quejas de particulares y entidades afectados por la medida. Según Maria Assumpció Vilà, el malestar se centra en personas con discapacidad que utilizan vehículos especiales, gente que vive fuera de Barcelona y trabaja en la ciudad, gremios que no pueden adaptar sus flotas o clubes de vehículos clásicos.
En paralelo a ello y tal y como avanzó este medio, los ciudadanos cuyo vehículo no pase el corte verde ya preparan acciones. Esta semana han empezado los contactos legales para interponer recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y tumbar la medida mediante medidas cautelares. Otra de las vías que explora la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC) son las marchas de coches de colección o incluso el bloqueo puntual de las Rondas de Barcelona.