Los doctorandos, abandonados por la Generalitat: "Han quitado la esperanza a mucha gente"

Doctorados de cuarto año de Cataluña han sentido la patada del Govern. Pese a que la ley indica que pueden renovarles el contrato laboral un año más, 40 centros de investigación --la mayoría de ellos públicos-- y todas las universidades públicas a excepción de la UAB están poniendo problemas para aplicarla. Al menos eso alegan.

“La primera respuesta fue que no teníamos derecho a prórroga”, afirma una doctoranda del Centre de Recerca Matemàtica (CRM). Un golpe que no estuvo dispuesta a aceptar.

Por ley

El Real Decreto 103/2019, aprobado el 1 de marzo de 2019, explicita que, si en un contrato de tres años para realizar un doctorado es necesaria una prórroga por un años más, la entidad debe aceptarla. Y más si la evaluación del tercer año es positiva, como es su caso.

Ante esta explicación ofrecida por la investigadora, la siguiente respuesta del centro fue que no tenían dinero. Algo que pone en duda. De hecho, el CRM le propuso una prórroga finalmente, pero sólo de cuatro meses. Y con una argucia legal.

La equidad se estanca en el sistema universitario / EFE

Ofertas precarias

“Fui la única a la que propusieron esta opción”, recuerda, pero con un contrato que la relacionaba, supuestamente, con otro proyecto. Claudia aceptó, pero a la que presentó el requerimiento oficial para que cumplieran la ley y le prorrogaran todo un año, se le cerraron todas las puertas.

Hasta entonces, como todos los doctorandos, tenía una mesa donde trabajar y un ordenador con programas útiles para su tesis. Cuando reclamó, el gerente le requirió que el último día de su tercer año debía dejar el despacho. “El gerente obligó al resto a no contestar a mis demandas”, lamenta.

Al paro

Claudia señala que una mesa no se la han negado nunca a nadie, ni a doctorandos con contrato ni a estudiantes de doctorado. “He tenido que dejar la oficina y ahora estoy en paro”, afirma. Aún así no se rinde

“No me han dado lo que me pertenece”, lo que dicta la ley, asegura. Por eso, además de participar en el conflicto laboral presentado, ahora se plantea presentar una denuncia personal. Mientras sigue trabajando en el caso, pero con un supervisor que le atiende a distancia.

Sin esperanza

“Han quitado la esperanza a mucha gente”, reprocha Claudia. Sabe que no está sola. Conoce gente a la que no le renuevan el contrato laboral en el tercer año y se han quedado sin visado. “Yo tengo suerte porque soy europea pero tampoco tengo una familia que me acoja”, señala.

El alquiler es sólo uno de los gastos a los que ahora se enfrentan ella y muchos estudiantes a los que no les han renovado el contrato para un cuarto año.

Pagos pendientes

Maria, una doctoranda en Educación de la Universidad de Lleida de cuarto año, ha tenido que volver con la familia. “Ahora con el paro tendrás más tiempo para dedicarte a la tesis” le dijeron. Le dolió que la invitaran a aprovecharse del desempleo cuando la ley establece que deben renovarla por un año más.

Fachada de la Universidad de Lérida / UDL

También le ofrecieron una alternativa, un contrato de sociedad por 200 euros al mes. “Se supone que has de dejar todo por tu vida académica”, dice indignada. “Es una vergüenza”.

Tiempo judicial

No son los únicos casos. Unos 28 alumnos de doctorado han presentado un “conflicto laboral” ante la Justicia para instar a los centros de la Generalitat a cumplir la ley.

Esto parece no importarle a los centros. En el Centre de Recerca Matemàtica, a Claudia le llegaron a decir que “hasta que un juez no me obligue…”. La investigadora está convencida de que juegan con los tiempos de resolución de la Justicia.

Cero victimismo

“Haces este trabajo por pasión” subraya Claudia. Está convencida que podría encontrar trabajo fácilmente en una empresa privada, pero “creemos en la investigación”. Una investigación que ayuda a todos estos centros a mejorar las calificaciones en los ránkings. Durante tres años, los doctorandos han ido publicando papers con el sello de estos centros y universidades.

Aún así hay una cosa que tienen clara: “No queremos pasar por víctimas”, indica Claudia. “Ha de quedar claro que no somos estudiantes, somos investigadores, personal docente”, sentencia Maria.