Impunidad en el CIE de la Zona Franca

Deportados tras denunciar agresiones en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Sucedió en 2017, después de que una treintena de internos protagonizasen un intento de fuga. Asociaciones y colectivos antirracistas han denunciado la impunidad ante las agresiones policiales y, aunque el caso se archivó, la Audiencia de Barcelona lo reabre ahora al considerar que "no se han agotado todas las posibilidades de investigación de los hechos".

“En cuatro denuncias realizadas en los últimos tres años, la persona denunciante ha sido deportada sin que se le haya tomado declaración y sin que haya sido visitada por un médico forense”, explican desde el Centro de defensa de los derechos humanos Irídia.

Testigos deportados

La entidad afirma que lo mismo ha sucedido con personas que podrían ser testigos de los hechos denunciados, y cree que eso conduce a una situación en la que "no se pueden investigar los hechos, cosa que genera una impunidad total".

Por eso la petición, que también suscriben desde Tanquem els CIE, es que los juzgados tomen “medidas urgentes” cuando se produzca una denuncia por violencia institucional en estos centros y asegurar así que las víctimas puedan aportar su testimonio, dado que pueden ser expulsados del país en cualquier momento.  Y recuerdan que “los denunciados pertenecen al mismo cuerpo policial responsable de la deportación”.

Salvaguardar la prueba

También exigen que se suspenda la deportación de manera temporal en los casos que exista la necesidad de salvaguardar la prueba. Y es que, como explicaba la activista de Tanquem els CIE Sandra Queraltó a Crónica Global, hasta 2014 no se aprobó un reglamento interno para estos centros --en España hay siete, entre ellos el de la Zona Franca de Barcelona--. "A raíz de detectar abusos y maltratos, diferentes organizaciones reclamaron al Gobierno que se regulase esa situación, porque existía un vacío legal absoluto para garantizar unos mínimos hacia los internos".

Aún así, la última palabra la tiene el director del centro, “por eso siempre le hemos llamado reglamento de la vergüenza", sostiene Martín. No es hasta después de la aprobación de estas normas cuando se permite que organizaciones puedan acceder a su interior, aunque sigue siendo una tarea complicada. "Hay que demostrar que uno forma parte de una organización regularizada, como una ONG. Lo que busca dificultar el acceso", apunta esta trabajadora social.

Violencia institucional

Ambas asociaciones subrayan que seguirán trabajando contra la violencia institucional en los CIE. “Seguiremos reclamando su cierre y luchando por la abolición de la Ley de Extranjería”. Consideran que esta norma es responsable de numerosas vulneraciones de derechos y de situar el racismo en el núcleo de la sociedad.