Los periodistas que informaron sobre los CDR acusados de terrorismo se libran de la imputación

Los periodistas de ocho medios de comunicación nacionales que publicaron información sobre el sumario del caso de los CDR acusados de terrorismo finalmente no serán imputados. El magistrado del Juzgado de Instrucción de Madrid número 41, Juan Carlos Peinado, ha admitido --parcialmente-- la tesis de la Fiscalía y ha dejado sin efecto la acusación a los profesionales de la comunicación de un delito de revelación de secretos. 

Los doce trabajadores de El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE habían sido citados a declarar por haber publicado noticias relacionadas con el caso judicial de los independentistas radicales que preparaban acciones violentas contra el Estado. En el momento de las publicaciones, las pesquisas judiciales se encontraban bajo secreto de sumario, por lo que las defensas de los CDR pidieron que se indagara sobre las filtraciones.

Filtraciones a prensa

Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional e instructor de la causa contra los acusados de terrorismo y tenencia de explosivos, recibió la petición de los abogados defensores en las que se solicitaba una investigación separada para averiguar la autoría de las filtraciones a los periodistas. El juez, al no tener las competencias para realizar esta tarea, remitió el caso al Juzgado Decano de Madrid para que decidiera si los hechos eran o no constitutivos de delito.

Las noticias revelaban detalles del operativo judicial por el que fueron detenidos los secesionistas que planeaban un asalto al Parlament, así como también diversas diligencias sumariales. La mayor parte de las informaciones consistían en extractos de las declaraciones de los investigados y contenido de las intervenciones telefónicas, así como autos dictados por el juzgado. Una vez imputados por el juez Peinado, la Fiscalía recurrió la imputación de los periodistas ya que consideraba que "la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz e interés público". 

Petición de Fiscalía

El Ministerio público pidió que las comparecencias se anularan al considerar que los periodistas no son "responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa" y por tanto "no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados". 

Fiscalía destacó, además, que la resolución del juez Peinado por la que imputaba a los profesionales de la información recogía "únicamente" que las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia del juez de la Audiencia Nacional "sin exponer los motivos por los que considera presuntos autores de los hechos a los medios de comunicación contra los que dirige la causa".