Vía abierta. El Departamento catalán de Interior ha iniciado una senda para poner en vereda la actividad de los clanes de vigilancia de obras en Barcelona. La Consejería que pilota Miquel Buch ha abierto el primer expediente sancionador que puede culminar con una multa de 600.000 euros.
Según las diligencias a las que ha podido acceder este medio, Interior ha actuado contra la Asociación Ran Kali Vara Gitana de Santa Perpètua de Mogoda, un municipio de la conurbación de Barcelona. ¿Por qué? "Por realizar tareas de seguridad [en la capital catalana] para terceros sin disponer de la preceptiva autorización para desempeñar este tipo de actividad". Ello constituiría una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que establece multas de hasta 600.000 en la parte alta de la horquilla, la que ha tipificado Interior.
Obras del Ayuntamiento de Barcelona
En conversación con este medio, ADN Sindical, cuya denuncia sirvió para iniciar las diligencias, se ha congratulado de la acción del Departamento de Interior, ya que persigue "el intrusismo en el sector, que hace demasiado tiempo que se viene dando por parte de asociaciones opacas que viven, a menudo, del dinero público". La misma fuente ha destacado que la obra sancionada por la Consejería por vigilancia irregular "era del Ayuntamiento de Barcelona".
Obras municipales de los Jardines del Clot de la Mel, que vigiló un clan familiar / CG
A este respecto, al agrupación subraya que "no es la primera vez que el Ejecutivo de Ada Colau utiliza a clanes de vigilancia no autorizados para vigilar obras en la Ciudad Condal". Ocurrió con la reurbanización de la plaza de la Infancia, en el número 186 de la calle Bac de Roda, sí, pero también en la reforma de la Iglesia de Sant Rafael o en la actuación integral en los Jardines del Clot de la Mel. En ambos casos utilizó la contratista del Ayuntamiento vigilancia de clanes familiares para evitar el robo de material de obra.
Posible denuncia a Fiscalía
Ante ello, ADN exige a Interior que sancione no solo a la asociación cultural que desempeñaba labores de vigilancia, sino también a Bimsa, la constructora del Ayuntamiento de Barcelona. "De lo contrario, sopesaremos entregar la documentación a Fiscalía para que el ministerio público evalúe si se cometió un posible ilícito penal, pues se trata de intervenciones realizadas con dinero público".
Cabe recordar que el bipartito sociocomún de Barcelona ha circunscrito históricamente la vigilancia ilegal de obras a su constructora. Señala el Gobierno local que si Bimsa detecta que una adjudicataria acomete obras con subcontratas privadas, la descalifica incluso para futuras licitaciones.