Gonzalo Boye, investigado por blanqueo de capitales

Gonzalo Boye está en el foco de la Audiencia Nacional. La juez del Juzgado de Instrucción Central número 3, María Tardón, ha ordenado este lunes la entrada en varios domicilios y despachos profesionales entre los que se encuentra el del abogado que lleva la defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Está implicado en una investigación que persigue el blanqueo de capitales y en el que también se investigan delitos contra la salud pública y que no tiene ninguna relación con la defensa del líder independentista huído en Bélgica. 

La operación ha arrancado este lunes a primera hora de la mañana, tal y como ha avanzado La Vanguardia, y el letrado no está detenido. También estarían afectados otras personas que los que Boye habría colaborado desde su despacho profesional, cuya actividad va más allá de la estrategia legal para evitar que Puigdemont sea extraditado a España tal y como ha reclamado de nuevo el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al reactivar la euroorden.

Presunta colaboración con narcotraficantes

Tardón ha declarado la causa secreta, aunque se apunta a que la investigación estaría vinculada a la persecución judicial al narcotráfico en España. Se apunta a que los registros que se han aprobado buscan recabar información sobre la presunto colaboración que se habría brindado para limpiar el dinero obtenido con esta actividad ilícita. 

Cabe recordar que Boye ha llevado en los últimos años la defensa de uno de los narcotraficantes más conocidos en España, Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años. Por lo que se sospecha de que le habría ayudado también a montar la estructura para blanquear sus beneficios. Cabe recordar que este fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda. Todos ellos fueron acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Operación a cargo de la UDEF

La operación de este lunes corre a cargo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Se espera que se prolongue a lo largo de toda la mañana del lunes. 

Boye cuenta con un pasado controvertido. El abogado, de origen chileno, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de cárcel al probar su colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla en 1988. El empresario pasó 249 días en manos de sus captores. Su carrera profesional incluye la defensa de varias víctimas de los atentados islamistas del 11 de marzo en Madrid en 2004 y ha participado en la acusación contra Luis Bárcenas por la causa de la caja B del PP. Se ha convertido en una de las figuras más conocidas del independentismo por defender a Puigdemont, que le llegó a llevar a las listas para el Congreso y el Senado en las pasadas elecciones generales, y por hacer lo mismo con el rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc, que también está huido en Bélgica.