España es uno de los países más respetuosos con su diversidad lingüística. El castellano es la lengua oficial en todo el Estado, pero tanto el gallego, como el euskera y el catalán son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. La forma en que estos idiomas se combinan en los sistemas educativos puede ser objeto de polémica.
El caso más conocido es el de Cataluña, que funciona mediante inmersión lingüística. En otras palabras, toda la educación se realiza exclusivamente en catalán, a excepción de la asignatura de castellano y la de lengua extranjera. El sistema, que se planteó en sus inicios como provisional, fue un empujón a la normalización de la lengua propia, aunque a la vez ha sido objeto de polémica por impedir que los castellanohablantes pueden recibir parte de su formación en su idioma materno. Este método educativo parece inamovible, puesto que el consejero Josep Bargalló tuvo que rectificar su voluntad de revisarlo ante la indignación de parte del mundo educativo y del independentista.
Comunidad Valenciana
Cataluña no es la única comunidad autónoma con idioma propio, otros territorios bilingües organizan de forma muy distinta su sistema educativo. La Comunidad Valenciana, donde se habla la misma lengua, está en plena transición de modelos lingüísticos. Hasta ahora, estaba dividido en dos líneas educativas: El Programa de Incorporación Progresiva (PIP), donde la mayoría de las asignaturas eran en castellano, y el Programa de Educación en Valenciano (PEV), igual que la inmersión lingüística catalana. A estos se añadieron el Programa Plurilingüe de Educación en Valenciano (PPEV) y el Programa Plurilingüe de Educación en Castellano (PPEC), que incluían asignaturas en inglés.
El consejero de educación valenciano, Vicent Marzà, puso en marcha un nuevo sistema educativo llamado Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural. Este sistema irá substituyendo poco a poco al de dos líneas, e incorporará el valenciano, el castellano y el inglés en proporciones razonables. Los centros tendrán la obligación de ofrecer el 25% de sus asignaturas en valenciano y en castellano, y una franja de entre el 15 y el 25% en inglés. El porcentaje restante de distribuirá en función de lo que decida cada escuela a partir de su Proyecto Lingüístico de Centro. El PP criticó con dureza este modelo al considerarlo una "imposición en diferido" y consiguió tumbar el primer proyecto, que preveía que más horas de inglés se restasen de las de castellano.
País Vasco
Euskadi cuenta con un sistema escolar de tres líneas: Modelo A, B y D (la C no existe en euskera). El primero correspondería al programa de educación en castellano, por lo que todo se estudia en esta lengua excepto la asignatura de vasco. El modelo B es el bilingüe, que establece una división del 50% de asignaturas en cada uno de los idiomas oficiales. El tercero, el D, sería el equivalente a la inmersión lingüística catalana.
El euskera se ha convertido en la lengua mayoritaria de los estudiantes vascos. Un 66% de los casi 400.000 alumnos del sistema educativo de Euskadi estudiaron en inmersión lingüística durante el curso 2017-2018, mientras que un 23% lo hizo en el sistema bilingüe y solo un 10% se decidió por la educación en castellano, según datos la consejería de Educación del País Vasco.
Galicia y Baleares
Galicia y Baleares cuentan con sistemas educativos bilingües, en el que el 50% de la enseñanza debe ser exclusivamente en la lengua cooficial. El sistema de Galicia se reformó en el año 2010 y se estableció una división a partes iguales entre castellano y gallego, con la oposición del sector educativo y la Real Academia Galega. Además, en los cursos de infantil se usa como lengua vehicular la mayoritaria de los alumnos de cada aula. El sistema acababa con la discriminación positiva del gallego en la educación, tal y como marcaba la ley de normalización lingüística de Manuel Fraga que aplicó el bipartito PSOE y BNG en 2006.
En el caso balear, la actual presidenta Francina Armengol derogó el decreto de plurilingüismo de José Ramon Bauzà. Esta norma imponía una división del 33% en cada una de las lenguas oficiales y el inglés. Así, la enseñanza se debía impartir en catalán, en castellano y en inglés a partes iguales. La ley contó con un amplio rechazo de la comunidad educativa, sobre todo de la escuela pública, que convocó una de las huelgas de profesores y alumnos más duras que han sufrido las Islas Baleares. La socialista volvió al sistema anterior, basado en el "decreto de mínimos", que establece una obligatoriedad en catalán del 50% con la posibilidad de ampliarse en detrimento del castellano en función del proyecto lingüístico de cada centro.
¿Un nuevo debate?
La diversidad de modelos escolares deja clara una cosa: No existe una única manera para incluir a las lenguas oficiales en los territorios bilingües. La lingüista Mercè Vilarrubias pide un debate "sereno" sobre un tema que "se ha sacralizado": "¿Hablamos de educación o de las montañas de Montserrat?". Considera que la inmersión ha conseguido que los alumnos de las zonas castellanohablantes aprendan catalán, pero no que lo hagan suyo al percibirlo como una imposición: "Un bilingüismo equilibrado con el catalán como centro de gravedad garantizaría su aprendizaje y que por propia voluntad llegaran a verlo como algo propio".
De la misma forma, critica que en las zonas catalanohablantes el nivel de castellano "se presuponga". Defiende que sean los centros los que decidan el modelo lingüístico adaptado a cada realidad, aunque respetando el 25% de asignaturas en castellano que impone el TSJC.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, es mucho más crítica con la inmersión lingüística: "el modelo catalán ha desnaturalizado la presencia del castellano en las aulas". Por eso, considera que un sistema como el vasco sería inviable, porque transmitiría que el otro idioma es extraño. Defiende una combinación mucho más parecida al gallego, en la que ambas lenguas conviven en las aulas, para que los alumnos aprendan "a valorarlas y a respetarlas como propias". Considera que los modelos lingüísticos se han construido con una premisa "nacionalista" que se basan en la idea de "sacrificar los derechos de los castellanohablantes por los de los catalanohablantes o gallegohablantes".
Vigencia de la inmersión
Una opinión muy distinta tiene uno de los sindicatos mayoritarios de la enseñanza. El representante de USTEC, Ramon Font, tacha de "preocupante" la puerta abierta de Josep Bargalló a introducir un modelo plurilingüe en la enseñanza catalana. Es más, denuncia que la inmersión no se cumple a la práctica en muchos centros, y que la Generalitat es consciente de esa situación pero que "hace la vista gorda". De la misma forma, critica la "ambigüedad" del texto presentado por el conseller: "Está pensado para que una persona a favor del bilingüismo y yo nos sintamos contentos a partes iguales".
El sindicato hizo un documento ante el proyecto lingüístico del consejero de ERC que pretendía revisar la inmersión. En dicho texto, se tacha de "peligrosas" las referencias a modelos educativos como el gallego, el valenciano o el balear, puesto que consideran que en esas zonas existe una "segregación" que pondría en peligro la continuidad de la lengua catalana.
Defienden que el catalán se encuentra en una situación "diglósica" auspiciada por las instituciones del Estado, y piden un mayor compromiso con el idioma cooficial. De hecho, Font defiende que en las zonas donde se detecten dificultades a la hora de expresarse en castellano se trabaje más la expresión oral en dicha asignatura, pero descarta introducir alguna materia no-lingüística en este idioma: "Si tienen que hablar castellano, lo hablarán, porque todo el mundo lo conoce y lo sabe".