La Sagrada Familia recibe la licencia de obras con la fachada de la Gloria en el aire

La Sagrada Familia ya tiene licencia de obras 134 años después del inicio de su construcción. El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado este miércoles el permiso a la junta constructora del templo, que ha abonado los 4,6 millones de euros correspondientes a impuestos y tasas. Con lo cual se regulariza un asunto pendiente desde 1885.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, y el presidente delegado de la junta constructora del templo, Esteve Camps, han explicado que el pacto se ha formalizado después de dos años de trabajo conjunto.

Final previsto en 2026

La licencia establece las condiciones para la construcción de la basílica, que se compromete a aportar 36 millones de euros en diez años para financiar los gastos municipales que genera su actividad.

El techo máximo edificable en la parcela es de 53.495,61 metros cuadrados, y la superficie construida sobre rasante es de 41.026,69 metros cuadrados. La licencia también describe una construcción del templo por etapas, y prevé un plazo de ejecución total que finalizará en 2026.

Interior de la Sagrada Familia en Barcelona / UNSPLASH

La fachada de la calle Mallorca, para septiembre

Para obtener la licencia, la junta constructora ha pagado al Ayuntamiento 4,63 millones de euros, un importe que sale del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que supone 4,38 millones, y la tasa de licencia de obras, que son 241.732 euros.

El Ayuntamiento también ha tramitado los permisos de actividad sobre los usos de la basílica, que será religioso y cultural, para funcionamiento y administración del centro, y comercial, que se restringe a un establecimiento de venta al detalle de productos relacionados con el templo con una superficie máxima de 750 metros cuadrados.

Preguntada por si la licencia incluye la construcción de la fachada de la Gloria y la escalinata, que afectaría a los pisos ubicados justo delante en la calle Mallorca, Sanz ha dicho que el Ayuntamiento y la junta constructora lo abordarán a partir del mes de septiembre, pero ha asegurado que buscarán la mejor solución para el templo y los vecinos.

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36 millones en diez años

Camps ha detallado que el acuerdo establece que la Sagrada Familia aportará 36 millones los próximos diez años en aspectos vinculados a la urbanización, la movilidad, el transporte público y el mantenimiento del espacio público del entorno.

El patronato aportará 22 millones durante diez años --2,2 al año-- para la mejora del transporte público, así como siete millones a la mejora de la accesibilidad al templo desde el Metro, además de estudiar con Adif y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) crear un acceso directo subterráneo directo al edificio.

La Junta Constructora también contribuirá con cuatro millones a reurbanizar las calles que rodean la basílica, aunque los tramos de actuación y los proyectos específicos de definirán en un proceso participativo, y, además, aportarán tres millones de euros en 10 años --300.000 anuales-- a servicios de limpieza, vigilancia y agentes cívicos.

Malestar vecinal

El portavoz de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, Joan Itxaso, ha explicado a EFE que los vecinos han presentado un recurso contra la concesión de la licencia municipal, al constatar que las alegaciones presentadas "no han sido tenidas en cuenta".

Además, han constituido una asociación de vecinos afectados por la Sagrada Familia, y han presentado recursos a la modificación del Plan General Metropolitano de la calle Provença y al Plan Especial Urbanístico Integral de la manzana del templo.

De forma personal, Itxaso también ha presentado todos estos recursos, y reivindica que se termine el templo respetando los límites de los vecinos. 

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha informado que el permiso firmado hoy sólo hace referencia la verticalidad del templo, y que partir de septiembre se iniciarán contactos con los vecinos y los colegios profesionales bajo dos premisas principales: la sostenibilidad medioambiental de todos los proyectos y la garantía del derecho a la vivienda de los ciudadanos.