Lo que hay detrás de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Este viernes, un juzgado de Madrid absolvió al médico acusado de la muerte de Samba Martine, la congoleña que falleció en 2011 cuando estaba ingresada en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La causa fue una infección que afecta a pacientes con VIH pero, aunque acudió en más de una decena de ocasiones a la enfermería, los doctores solo vieron un cuadro gripal.  

La negligencia reside en que, pese a que Martine pasó por un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), en Melilla, antes de ser trasladada a Aluche, donde sabían que tenía el virus, el expediente nunca llegó a la capital. Las deficiencias médicas no son las únicas irregularidades que tienen lugar en estos espacios de reclusión. La semana pasada el Ministerio del Interior reconoció que 89 menores fueron ingresados en los centros; una medida expresamente prohibida por ley. Desde la asociación Tanquem els CIE explican a Crónica Global que en estas cárceles para inmigrantes "no se garantizan los derechos básicos. Están totalmente indefensos", denuncia la activista Aurea Martín.

Reglamento interno

Hasta 2014 no se aprobó un reglamento interno para estos centros --en España hay siete, entre ellos el de la Zona Franca de Barcelona--. "A raíz de detectar abusos y maltratos, diferentes organizaciones reclamaron al Gobierno que se regulase esa situación, porque existía un vacío legal absoluto para garantizar unos mínimos hacia los internos", explica Sandra Queraltó, también activista y trabajadora social. Aún así, "la última palabra la tiene el director del centro, por eso siempre le hemos llamado reglamento de la vergüenza", sostiene Martín. No es hasta después de la aprobación de estas normas que que se permite que organizaciones puedan acceder al interior de los CIE, aunque sigue siendo una tarea complicada. "Hay que demostrar que uno forma parte de una organización regularizada, como una ONG. Lo que busca dificultar el acceso", apunta. 

¿Cómo se decide internar a alguien? "Existen tres vías: una de ellas es por frontera. Personas que llegan a la costa en patera, o a través de la valla de Ceuta y Melilla, la Guardia Civil los intercepta, y los llevan a un CETI o a un CIE", sostiene Sandra, quien denuncia que en ese momento ya se produce la primera vulneración de derechos. "Nunca les preguntan si huyen de un país en guerra, o si son homosexuales y escapan por ser perseguidos, tienen que ser ellos los que pidan asilo, y en muchas ocasiones ni si quiera saben hablar el idioma", relata. 

Diferencias por país de origen 

Además, el perfil de los internos ha cambiado con el último Ejecutivo. Tal y como explican estas dos activistas, "en los últimos 12 meses ha bajado el número de internos subsaharianos, y hay más magrebíes, argelinos o marroquíes". El motivo es que pueden ser expulsados con mayor facilidad y a menor coste debido a los acuerdos de readmisión del Gobierno español con sus países de origen. "A los que son de otras partes de África se les envía de manera prioritaria a Barcelona o Bilbao, sin ningún tipo de ayuda". Estos traslados se producen en autobuses de línea. En el caso de la capital catalana, cuando llegan a la Estación del Norte, se encuentran sin saber qué hacer. Por ello, existen espacios como Casa África, "uno de los puntos que gestionan personas que han llegado en patera y que han enviado desde el sur", cuenta Sandra. Así, el Estado evita tener que hacerse cargo de los gastos de avión que requeriría expulsar a los oriundos de países más lejanos. 

Ni siquiera pasan por una inspección médica. "Los llevan a comisaría o a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATEs), donde pasan retenidos 72 horas --tiempo máximo permitido de retención sin pasar ante un juez--", narra Aurea. "Aunque no sean refugiados, la teoría indica que Cruz Roja u otra organización deberían proveerlas de una acogida mínima, pero resulta que no", lamenta. 

Redadas y delitos

Otra de las causas que hace que los extranjeros acaben encerrados en uno de estos lugares es una redada policial. "En la zona de la Barceloneta, sobretodo en la salida del Metro, hay un coche de patrulla de fronteras. Es un punto en el que salen muchos trabajadores de la zona, y también manteros, probablemente sin papeles. Un método que llevan a cabo pese a que las identificaciones por perfil étnico están prohibidas por ley", subrayan desde Tanquem els CIE. Así, recuerda que años atrás, se descubrió cómo una comisaría madrileña de la Policía Nacional fijó cupos de arrestos a personas sin papeles. El objetivo: detener a 35 inmigrantes a la semana. "Es economía, pura economía", denuncia Aurea. 

Durante algunos meses, los arrestos también se producían en el Registro Civil. "Casarse es una de las maneras para obtener los papeles, con lo que era obvio que mucha gente que acudía no los tenía", razona la activista. "Alguien alertaba a la policía, y allí los detenían". Algo que sucedió en varios territorios, por lo que sospechan que detrás pudiese haber "algún tipo de instrucción". También hablan de la "doble condena": a una persona migrante se la juzga por haber cometido un delito y se le ofrece conmutar parte de la pena por la deportación. ¿Qué sucede? "Aunque se niegue, porque lleva aquí más de 15 años, y considera que este es su país, cuando sale de prisión, le está esperando la Policía Nacional para llevarlo ante el juez y poder expulsarlo". ¿Por qué? "Por tener antecedentes; o porque no va a poder conseguir los papeles por tener antecedentes", explica Martínez. Además, a diferencia de los reclusos patrios, no pueden acceder a beneficios penitenciarios como el tercer grado, y sostiene que "las condiciones en los CIEs son mucho peores que en la prisión".

Internos sin derechos

En los centros no hay personal especializado para tratar con los internos, como sucede en las cárceles --funcionarios de prisiones--. "Son policías nacionales, y no están formados para tratar con personas privadas de libertad. Tampoco hay un espacio de socialización, ni programas de actividades, ni de formación", explica Aurea, que ha estado en varias ocasiones en el CIE de la Zona Franca. "Siempre lo justifican diciendo que pasan muy poco tiempo", apunta Sandra. 

Además, "el servicio médico es deficitario". No hay personal suficiente para atender a todos los internos, tampoco formación sobre el tipo de enfermedades que pueden sufrir y, en ocasiones, son los propios recluidos los que deben alertar de un caso de tuberculosis entre sus compañeros. "Hace unas semanas había un chico con sarna y, después de raparle la cabeza, solo limpiaron la máquina con alcohol. Nadie más ha querido usarla", cuenta la activista. Al haber cambiado el perfil de interno --antes eran personas que llevaban años residiendo en España; ahora la gran mayoría lleva escasos días aquí-- muchos no hablan el idioma, "y si les pasa algo grave no pueden contarlo, porque no hay traductores. En algunos casos otros internos pueden hacer de traductores, pero en ocasiones puede que no quieras que un paisano tuyo sepa lo que te pasa, porque puede correr la voz y llevarte una paliza", sostiene.

Peleas entre nacionalidades

Sobre las agresiones o casos de violación de Derechos Humanos, explican que "cuando se hace público, se debe a que el caso ha sido muy grave", pero sostiene que "el trato irrespetuoso es habitual". Ponen como ejemplo el de un centro en el que instigaron a "peleas entre nacionalidades". "Los policías decidieron que el campo de fútbol era para unos y el de baloncesto, para otros. Así, si uno pisaba el lugar que no tocaba, se creaban discusiones y peleas: era una forma de enfrentarlos", explica Aurea. 

Si algún interno ponía una denuncia por maltrato "la calidad de las imágenes era muy mala o ya no había ninguna grabación guardada", señala. Así sucedió una de las veces que una persona migrante denunció una agresión por parte de un agente. "Las imágenes estaban borrosas y no se pudo hacer nada", recuerda. Aunque ahora ha mejorado la calidad del sistema, "no se custodian cuando hay una denuncia", sostiene. En otras ocasiones, se producen deportaciones de testigos o el propio denunciante, en pleno proceso judicial. "Algunos jueces piensan que, si no se hace, aumentarían las denuncias para frenar las deportaciones", cuenta esta activista.

Principio de incertidumbre

Desde Tanquem els CIE señalan la ley de extranjería como principal problema. "Se fundamenta en un principio de incertidumbre: muchos extranjeros sin permiso de residencia no están en CIEs ni tienen abiertos procesos de expulsión", relata Aurea. El procedimiento pasa por una detención, puesta a disposición judicial y una orden de expulsión. "Dan un periodo de tiempo para que o bien, o la persona se marche por su propio pie, o consiga legalizar su situación". Si no se da ninguno de los dos supuestos, si la policía vuelve a interceptar a la persona, le puede imponer una sanción. "También puede hacerte pasar la noche en el calabozo, o llevarte ante un juez para pedir una entrada en el CIE para la deportación", explican desde la asociación. ¿Quién lo decide? "Muchas veces es el propio agente. El internamiento es una decisión judicial, a petición previa de la policía", cuentan. 

Desde esta entidad reclaman acabar con estos espacios, supuestos centros para garantizar que las personas que van a ser deportadas "estén localizables", en los que también se encierra a personas que llevan décadas en nuestro país y que viven aquí con sus familias. Lugares donde no se garantiza atención médica adecuada, y donde, a pesar de estar prohibido, se ha internado a menores de edad. También piden acabar con la actual ley de extranjería, que consideran "racista y supremacista". Y recuerdan que esas personas no pueden usar sus pasaportes para llegar aquí, como sí hacemos nosotros para entrar en sus países. "Pasan uno o dos años hasta llegar aquí, pagan miles de euros y o pierden la vida o ven como muere gente a su lado", lamenta Aurea.