Ante la advertencia de la Associació d’Empreses Catalanes de Socorrisme Aquàtic (AECSA), que sostiene que muchas piscinas podrían quedar cerradas en el territorio este verano por falta de vigilantes, desde CGT afirman que “no faltan socorristas, sino que estos se niegan a ejercer por la precariedad del sector”, explica Salvador Zettelmann a Crónica Global. Este vigilante sostiene que las causas reales son "sueldos de miseria, la falta de regulación del sector y de un convenio propio". También relata que sus compañeros trabajan con materiales obsoletos, que en los puestos de vigilancia no se cumplen los descansos obligatorios y tampoco con "la prevención de riesgos laborales".
"El problema para los empresarios es que el sector no es atractivo para la gente local porque todo el mundo sabe que trabajar como socorrista es una miseria. Por ese motivo contratan a gente de otros países, que busca una ocupación temporal durante los meses de verano, y ahora no lo pueden hacer porque la nueva normativa del Govern no lo permite", explica este socorrista.
Precariedad laboral
Por su parte, el presidente de AECSA, Albert Calabuig, cuenta a este medio que en Cataluña se necesitan entre 10.000 y 12.000 socorristas en verano y subraya que el problema central es que la gente escoge otras alternativas antes de ser socorrista. “Si trabajan en el chiringuito de la playa, y les pagan lo mismo, prefieren esa opción, porque es muy duro estar nueve horas al sol en un silla", sostiene.
Respecto a las acusaciones de precariedad laboral, sostiene que "si quieren mejores condiciones, las tienen que negociar con la empresa". Eso sí, subraya que sus "asociados, por la cuenta que les tiene, cumplen con su deber". Sobre la queja de algunos socorristas, que alegan que en sus puestos no se cumplen los requisitos mínimos, como la pausa para comer, recuerda que “es obligatorio. Con la falta de trabajadores que hay, si una empresa hiciese eso, se irían a otra”, y recuerda que, en caso de que alguno se vea afectado, puede denunciarlo ante el delegado sindical.
Moratoria
Los socorristas denuncian que, para salvar la temporada, las empresas persiguen lograr una moratoria del reglamento que, tras entrar en vigor en enero de 2019, les obliga a inscribir a los trabajadores en el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña (ROPEC, por sus siglas en catalán), que ha implementado la Generalitat para exigir unos requisitos de formación mínimos a estos profesionales, al argumentar que, ante la falta de efectivos, esta imposición reduce aún más las posiblidades de contratación.
"La realidad es que esta falta de efectivos es la respuesta a las malas condiciones laborales del sector y la falta de regulación", lamentan desde el sindicato, así como "la falta de reconocimiento social del socorrista. El trabajo está tan denigrado, que no es agradable. No te ofrece una forma estable de ganarte la vida", relata este empleado. "Son tres o cuatro meses al año, mal pagados, sin descanso, sin una condiciones mínimamente dignas, esto es lo que hace que a nadie le interese trabajar" vigilando playas o piscinas, cuenta Salvador.
Trabajadores extranjeros
El máximo responsable de la organización que aglutina a empresas como Aquasos, Rescatadores, Aunar y Proactiva S.L., sostiene que esta falta de profesionales se agudiza cada año. Para poder cubrir la falta de efectivos, desde la asociación de empresas de socorristas en Cataluña demandan la implementación de una legislación estatal que unifique criterios de formación de los socorristas y recuerda que “el ROPEC es un condicionante que impide cubrir las plazas con profesionales de otras zonas”, ya que la espera para obtener la homologación de títulos es larga.
¿Como cubren las plazas las empresas de socorrismo? "Contratan a personas de otros países. Suele ser un perfil joven que desconoce el marco jurídico del Estado que no tiene forma de reclamar ante las irregularidades", explica el portavoz de CGT en este sector. "Muchas de estas personas pueden residir en España gracias al visado de trabajo que les conceden. Si reclaman y los despiden, tendrían que abandonar el país", relata el sindicalista, lo que hace que muchos no lo hagan. Vigilantes de algunos arenales denuncian que en ocasiones se han visto forzados a jornadas laborales de 9 horas diarias durante seis días a la semana.
Temporalidad
Calabuig recuerda que las empresas están obligadas a cumplir con las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. "Si eso no sucede, para eso está la Inspección de Trabajo, para sancionar, como ya ha ocurrido”, señala. Sobre la reivindicación de los socorristas, que se niegan a ejercer por la precariedad del sector, rebate que no se trata de las condiciones laborales, sino que es una profesión con una elevada temporalidad y que por eso existe falta de personal, porque no permite mantener la ocupación durante todo el año.
"Desde AECSA recomendamos a todas las empresas que cumplan el convenio", argumenta sobre las quejas que indican que algunas de las asociadas no velan por la seguridad de sus trabajadores. Además, recuerda que las condiciones de algunos de los vigilantes varían en función de los requisitos que fije cada Ayuntamiento en el pliego. “Si la concesión es de un presupuesto mayor, algunas casetas tendrán aire acondicionado, y otros estarán con una sombrilla en una silla”, sostiene.
Legislación estatal
Aunque a pocos días de arrancar la temporada estival trabajadores y empresarios discrepan sobre las condiciones laborales, tienen una revindicación común: que se implemente una ley de playas, como ya se ha hecho en Baleares, Galicia y Canarias. ¿Quién establece el número de vigilantes que debe haber en cada Arenal? “Los Ayuntamientos”, explica Calabuig. "Que exista una regulación autonómica o estatal que establezca unos mínimos y un convenio del sector", demanda también Zettelmann.