La Audiencia de Barcelona ha decidido que sea un juzgado de la capital catalana el que investigue a los dos miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de desórdenes por organizar cortes de tráfico en las vías del tren. Uno de ellos, Adrià C., está huido, y la otra, Tamara C., no puede salir de su municipio --Viladecans-- por orden judicial.
El tribunal resuelve así la cuestión de competencia sobre qué juzgado debe hacerse cargo de la investigación de los dos integrantes de los CDR, después de que lleve más de 12 meses abierta, sin levantar las medidas cautelares contra Tamara C., la que pudo ser detenida.
Rebelión y terrorismo
En una operación en abril del año pasado, la Guardia Civil arrestó a la CDR, que pasó a disposición de la Audiencia Nacional (AN) acusada de rebelión y terrorismo. La Benemérita no logró capturar al otro activista investigado, que huyó al extranjero antes de que llegasen los agentes.
Fue la AN la que remitió la causa sobre los radicales independentistas a los juzgados de Barcelona, al entender que los hechos que se les imputaban constituían delitos de desórdenes públicos, no de terrorismo ni rebelión.
Competencia judicial
El caso recayó en el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, que se inhibió a favor de los juzgados de Gavà, Vilanova y Granollers, lugares donde los CDR organizaron los cortes de tráfico en la autopista AP-7.
Ahora el tribunal ha resuelto que sea la juez de Barcelona la que inicie la investigación del caso, y le recuerda que se inhibió a favor de los juzgados de otros municipios, sin haber llevado a cabo "la más mínima diligencia de investigación".