Joaquín Seisdedos trabaja como vigilante de seguridad en Can Rubió (Esparreguera), un centro de menores que desde 2018 acoge a adolescentes con problemas de conducta. “Llevamos 27 años como espacio terapéutico, el equipo está acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas, y niños con trastornos mentales. Pero la violencia extrema que se está dando ahora, de agresiones y amenazas con armas blancas, va mucho más allá", explica a Crónica Global. Para combatirla, cuentan con un solo empleado entre las 6:00 y las 23:00 horas.

Esta pasada Semana Santa, encontraron a un menor con disolvente en su habitación. "Se encontraba bajo los efectos de la sustancia y se puso muy agresivo, amenazando y agrediendo. Como no pudimos contenerlo, requerimos la presencia de los Mossos d'Esquadra en dos ocasiones. Estuvo detenido, regresó al centro, y volvió a suceder lo mismo", explica Seisdedos. “Se están produciendo ingresos de adolescentes con antecedentes de delincuencia muy notables. No manifiestan estallidos de rabia, sino una violencia planificada e introducen objetos muy peligrosos como cuchillos y navajas”, cuenta. 

Protocolo de seguridad

Este no es el único caso. Otro menor, que ya se ha fugado del centro en varias ocasiones, lanzó una piedra de gran tamaño contra la luna de una furgoneta que transportaba a varios de sus compañeros. "Pidió algo que se le negó y atacó el vehículo cuando estaba en marcha. Pudo haber causado un incidente muy grave", cuenta Seisdedos. 

Es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat la encargada de garantizar la seguridad en estos centros pero, como ya denunció UGT este miércoles, no lo está haciendo. El protocolo de seguridad que suscribió este organismo "se ha quedado en papel mojado", critica este vigilante. "Este documento recoge que el director del centro tiene la obligación de presentar una denuncia cuando se produce una agresión de uno de los jóvenes hacia algún trabajador, pero lo que él nos cuenta es que cuando acude a la comisaría, le dicen que no pueden atender la queja y que debe ser el afectado el que la presente", explica. El Govern también suscribió que, en caso de menores reincidentes, estos serían apartados de centro en el que se hubiesen producido, “y tampoco se está aplicando. En Can Rubió varios han protagonizado casos muy graves y siguen allí”, lamenta.

Menores "atemorizados"

Para evitar que los jóvenes introduzcan objetos peligrosos en el centro, se encargan de registrarlos, pero "son menores que saben perfectamente donde esconder los artefactos para que no se detecten con un simple cacheo o inspección de bolsos o bolsillos”, cuenta Seisdedos. Por eso motivo, una de los demandas de los vigilantes es que se instale un detector de metales, “como los que ya hay en los edificios públicos. Necesitamos los medios suficientes para poder desarrollar nuestro trabajo con un mínimo de garantías”, subraya.

También inspeccionan las habitaciones del centro. “Cada dos por tres encontramos objetos peligrosos, entre ellos barras de hierro y navajas”. No solo por su propia seguridad, sino por la del resto de niños que residen allí. "Están verdaderamente atemorizados ante el tipo de conductas que están viendo y la situación que están viviendo ellos también", por los jóvenes conflictivos. "Nosotros intentamos hacer que sepan que van a estar protegidos, faltaría más”, sostiene, pero "el problema es que no siempre podemos materializarlo. Nos parece aberrante que haya algunos que deciden huir del centro para sentirse más protegidos y evitar las situaciones de riesgo", lamenta.

Centros saturados

“Por mucho que la DGAIA diga que los medios que hay son suficientes, no es verdad. El problema es que los centros están saturados”, sostiene. Aún siendo consciente de que la falta de personal se extiende a más centros, denuncia que las situaciones que se viven, de “violencia tan extrema” con “objetos como armas blancas” en Can Rubió no suceden en otros centros, y por eso reclaman refuerzos. 

“La prioridad es aumentar el personal de seguridad. No será la solución definitiva, porque es necesario analizar las ratios de menores por centro y el protocolo de violencia. Demandas que hace mucho que reclamamos pero que no están materializando”, denuncia.