Mientras la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, anunciaba este lunes un plan para luchar contra el tabaquismo en las prisiones, los funcionarios que desempeñan su labor en estos centros denuncian estar en una situación límite por las agresiones que sufren, y que achacan no solo a la escasez de personal, sino a la falta de contundencia a la hora de aplicar el régimen disciplinario contra los reclusos. ¿El motivo? El Govern “intenta rebajar el porcentaje de internos en primer grado en el sistema penitenciario catalán”, explican varios trabajadores a Crónica Global. Una clasificación que hace referencia a un régimen similar al aislamiento, durante el que los presos ven reducido el contacto con sus compañeros, así como las horas de patio y demás actividades.
La consecuencia de no aplicar el reglamento "con normalidad" es que "los internos ven que conductas que antes solo se atrevían a manifestar unos cuantos, ahora se repiten en cualquier módulo de cualquier centro penitenciario”, explica Xavier Martínez, responsable de prisiones de UGT --sindicato mayoritario en este sector, subraya--. "El nuevo secretario de medidas penales, Amand Calderó, se ha inventado una modalidad para convertir las cárceles en lugares de participación y convivencia, sin hacer distinciones ni separación entre los internos, ni ubicar a los reclusos conflictivos en módulos separados para garantizar la seguridad", explica. ¿Qué provoca? "Que los más problemáticos se hagan fuertes, controlen casi la totalidad de los módulos, y que también aumenten las extorsiones a los internos débiles. Es un cóctel explosivo", advierte.
“Maquillaje estadístico”
Martínez, que trabaja en la prisión de Brians 1, denuncia el “maquillaje estadístico” del departamento que dirige Capella. “Lo que hace es dar instrucciones a los equipos directivos del centro para aplicar de una manera muy laxa el régimen disciplinario”, denuncia. ¿Qué provoca? “Cuando agreden a un compañero, en lugar de aplicar una sanción que tendría un efecto disuasorio, se opta por castigos leves que hacen que el interno vea que tocarle la cara a un trabajador cuesta prácticamente cero”, lamenta. El último incidente se produjo este martes en la prisión de Puig de les Basses, en Girona, donde una de las internas secuestró y amenazó de muerte a un trabajador. Aunque desde Justicia explican a este medio que el suceso duró apenas unos segundos y que ningún funcionario precisó atención médica, las agresiones en las cárceles catalanas han aumentado un 53%.
“Nuestra principal reivindicación es que se aplique el reglamento. No se trata de hacer de verdugos, sino de aplicar con contundencia las normas establecidas”, señala Alberto Gómez, delegado sindical de Csif en la cárcel de Brians 2. "Si no se aplican medidas disciplinarias contra el agresor, el resto de internos no será consciente de las consecuencias". No piden más dureza contra los internos sino cumplir el reglamento vigente. ¿De quién depende? Son las Juntas de Tratamiento de cada centro las que determinan la clasificación de un interno, si uno está en segundo grado --el ordinario-- y manifiesta alguna conducta agresiva o introduce sustancias prohibidas en la prisión se le puede aplicar un cambio de régimen. “La última palabra la tiene la actual Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat --antigua Dirección de Servicios Penitenciarios--. En ocasiones nos encontramos con que los profesionales de la rehabilitación --psicólogos, trabajadores sociales-- toman decisiones colegiadas de cambio de grado y la dirección general las revierte”, sostiene Martínez.
Desprotegidos
Para justificar estas decisiones, desde el Govern argumentan que "los internos que se encuentran en este régimen --primer grado-- tienen una tasa de reincidencia mayor que los que han pasado por el tercer grado. Eso es evidente, pero no significa que las conductas inadecuadas y agresivas no tengan una respuesta inmediata", señalan desde UGT. Unas medidas que llevan a los funcionarios a sentirse "desprotegidos por parte de los responsables penitenciarios”, ante una situación que califican como "muy grave". "No podemos decir que existe un absoluto desgobierno en las cárceles, pero sí denunciamos que no tenemos herramientas, ni materiales ni humanas", lamenta el trabajador de Brians 1.
Gómez explica que, a pesar de que el sistema penitenciario catalán tiene "muchísimas virtudes, porque apuesta por el tratamiento y la reinserción", recuerda que "el 100% no es reinsertable. Porcentualmente buscan rebajar la entradas en prisión, tampoco quieren que se apliquen medidas de sujeción mecánica ante situaciones de agresividad o violencia. Pero si el preso manifiesta estas conductas se le tiene que aplicar el reglamento”, reitera Gómez.
La consejera de Justicia, Ester Capella / GENERALITAT
La consejera de Justicia, Ester Capella / GENERALITAT
Falta de personal
Martínez relata que no pueden llevar a cabo su labor con seguridad. “Imposible. Lo intentamos, pero no damos abasto”, sostiene. Para ilustrarlo, pone como ejemplo las incautaciones de sustancias prohibidas en los centros, como drogas y teléfonos móviles. “Si tuviésemos más personal, se multiplicarían por diez, pero no llegamos. No es que las prisiones sean un zoco de droga, pero se parecen bastante”, denuncia. No hay plantilla suficiente para cachear a todos los internos que salen de permiso. “Si no hay efectivos, introducir sustancias y objetos prohibidos es fácil”, explica. Algunos, como pinchos y diablos --objetos como cepillos de dientes que se afilan para ser utilizados como armas-- suponen un riesgo para los funcionarios.
A la escasez de personal se suma el envejecimiento de la plantilla; en su mayoría, por encima de las cinco décadas, explican desde Csif. “No es lo mismo que sufra una agresión un trabajador de 60 años que un compañero de 30”, relata Gómez. Una de las prisiones con funcionarios con una media de edad más elevada es la de Ponent, en Lleida. "Necesitamos una renovación urgente; es un mal endémico de todos los centros penitenciarios”, cuenta.
Agresiones
“Los funcionarios estamos en una situación casi límite”, explica Joan Escanilla, presidente de Csif y funcionario de prisiones, quien reclama que reconozcan a estos profesionales como "agentes de la autoridad", igual que a profesores y médicos, por lo que, cuando sufren un ataque, este se tipifica como un delito grave.
Escanilla denuncia que "las agresiones son cada vez más frecuentes" en las cárceles catalanas. No solo eso, "cada vez son más graves”, señala. Para poner freno a la situación de inseguridad que sufren los trabajadores, desde los sindicatos reclaman un incremento de la plantilla --vigilantes, psicólogos y criminólogos-- y una clasificación adecuada de los internos, no solo por su peligrosidad sino también en función de si requieren atención psiquiátrica. Ya que, apunta este funcionario, “a veces, hasta que no se produce una agresión no se activa el protocolo de visita médica".