La atención a la salud mental es una de las grandes carencias del sistema público, y en Cataluña no es una excepción. La Generalitat solo dispone de 1.094 plazas en residencias en todo el territorio y los pacientes pueden tardar hasta tres meses en obtener una cita con el psiquiatra.
El tratamiento para las personas con una enfermedad mental en la Sanidad catalana “está fatal”, dice Caridad Salat. Esta mujer tiene un hijo que padece un trastorno psiquiátrico y ha obtenido una plaza en un centro. “Después de esperar un año, durante el que pagué 2.000 euros al mes por tenerlo ingresado, ahora le han concedido una plaza permanente en la misma residencia”, explica. Eso sí, el Govern solo financia una parte, ya que de la pensión que percibe el afectado, le “quitan” cerca de 400 euros para sufragar el ingreso. Y este caso es una excepción, “lo normal no son 12 meses de espera, es muy difícil acceder en un centro público. Tienen que haberse producido daños”, cuenta. “Mi hijo cogió un cuchillo, y por suerte, estaba el equipo médico delante”, narra.
Sin plazas en residencias
“Una de las luchas es con la Atención Primaria”, explica Roser Busquets, coordinadora asesoramiento y familias de la Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (Arep), quien sostiene que “los médicos de cabecera no tienen conocimientos sobre salud mental”, y que los plazos de espera para acceder a una plaza en una residencia puede llegar hasta los tres años. “Están saturados”, comenta. Pero esta no es la única carencia, tanto Caridad como la coordinadora de Arep señalan que las consultas con el psiquiatra son una vez al trimestre y la atención es “precaria”, ya que su duración no supera los 20 minutos. “Somos los hermanos pobres de Salud”, lamenta.
Los datos que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Familia a este medio --a pesar de que no indican cuántas personas están en lista de espera-- corroboran las quejas de esta madre. De las 1.094 plazas en residencias que tiene la Generalitat en todo el territorio, 972 son concertadas y 122 propias. En éstas se ofrece atención permanente a las personas con una enfermedad mental “de larga evolución y problemática social grave”, donde reciben el apoyo de un “equipo multidisciplinar de profesionales”. Por lo que respecta a los pisos en los que viven varios afectados con un apoyo externo “eventual”, --que comparten entre tres y cuatro personas-- solo hay 379 plazas, y todas son concertadas.
“Las familias no duermen”
El calvario de Caridad es el de muchas otras “familias que no duermen, porque no saben cuándo se puede volver a producir otro brote psicótico”, explica. Un episodio durante el cual, la persona que lo sufre no distingue si lo que le sucede es real o ficticio, y que se manifiesta a través de delirios o alucinaciones. El procedimiento habitual pasa por ingresar al enfermo --“nadie te hace caso hasta que tiene un brote”, lamenta--, previo paso de una patrulla de policía que se persona en el domicilio junto a un equipo médico. El afectado obtiene así atención médica durante un periodo determinado de tiempo --pueden ser días o varios meses-- hasta que regresa a su casa y “luego vuelta a empezar”, cuenta esta madre, que ha pasado por esta situación en numerosas ocasiones.
“Ir a casa se convierte en una tortura, porque no sabes lo que te vas a encontrar”, relata. Su hijo ha obtenido una “plaza permanente” porque existió un intento de agresión, y a pesar de ello tuvo que esperar un año.
“Nadie te explica nada”
Los primeros ingresos son “caóticos para la familia y para el enfermo también”. “Nadie te explica nada. Al ser mayores de 18 años no se puede intervenir, pero cuando hay un problema te llaman a ti”, lamenta esta madre, que reclama “más conexión entre los médicos, la familia y el paciente”. Caridad no es la única que denuncia este “vacío” de información. Desde Arep explican que durante la última década el principal reclamo es “la desatención cuando se produce un ingreso. Te dicen que es un brote psicótico, y poco más”, señala Busquets.
¿Cómo se afronta el diagnóstico? “Llorando, con estrés constante y medicándote”, relata Salat. Motivo por el que desde las asociaciones reclaman “acompañamiento para las familias”. “Lo que peor llevan es la incertidumbre, las recaídas, no saber nunca cómo afrontar la situación”, explica Busquets. Por eso es fundamental el trabajo de organismos como Arep y su labor de acompañamiento para las familias. “Es un proceso de duelo, desde el sentimiento de culpa a la aceptación, por el que pasan todos”, señala. El contacto con otras personas que han pasado por lo mismo y la atención psicológica forman parte de esta ayuda que suple las carencias del sistema sanitario. “No es lo mismo estar solo que saber que alguien te va a escuchar y te va a dar información”, explica.
“Culpabilidad”
“El sentimiento de culpabilidad es horrible. Sientes que estás traicionando a tu hijo cuando lo ingresas. Es necesaria ayuda psicológica para entender lo que es la enfermedad, tener apoyo, porque sientes una impotencia brutal”, relata Caridad. “En mi caso no sabía que hacer, mi hijo es mayor de edad y ponían mi palabra en entredicho. Todo el proceso en sí es muy duro”.
“Lo más grave es que no hubiese un apoyo psicológico”, recalca, “aunque solo hubiese sido un grupo de padres, o que me indicasen que existía una asociación en la que me podían ayudar, porque eso no supone ningún gasto ni necesita ninguna inversión”, subraya.
Estigma
Otro de los caballos de batalla de los enfermos y su entorno es luchar contra los estigmas que hay en torno a la salud mental. “Existe desconocimiento y falta de información”, explica esta madre. Además, critica que los medios de comunicación contribuyan a extender esta idea al vincular a autores de delitos con estos trastornos. “Los crímenes se asocian a una dolencia, y ésta tiene diferentes grados, igual que existen diferentes enfermedades, y --los pacientes-- no tienen por qué ser agresivos”, defiende.
¿Cómo combatir el rechazo que sufren las personas con una enfermedad mental? “Hay que empezar desde los colegios, con una labor de sensibilización”, argumenta Busquets, "para velar por su integración social". Un trabajo que, por el momento, y ante la falta de implicación de las administraciones, desempeñan en su mayoría asociaciones como Arep, que suplen el vacío asistencial que sufren tanto los pacientes como sus familias.