El sector del taxi ha estallado en Barcelona contra la propuesta de reglamento de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) que la consejería de Territorio les puso sobre la mesa hace una semana. Aunque, por ahora, el Gobierno catalán no tiene ninguna prisa para elevar a ley la iniciativa. Así lo indican fuentes del departamento encabezado por Damià Calvet (PDeCAT).
Confirman que este martes el estado del debate se abordará en la reunión del Consejo Ejecutivo, pero no se someterá a la opinión de los miembros del Govern. Calvet se limitará a informar de todos los detalles de los encuentros que se han mantenido con los portavoces de los taxistas y de las VTC. No se realizará ninguna votación, un formalismo clave para iniciar la tramitación oficial de cualquier norma.
Críticas de las VTC
Por ahora, el Ejecutivo catalán está centrado en intentar llegar a un pacto y esta tarde se reunirá de nuevo con los taxistas. Unauto, los representantes de grupos como Uber o Cabify, ven con buenos ojos que se haya iniciado el diálogo con la Generalitat pero critican las concesiones que se ha hecho hasta la fecha al taxi. Consideran que hay "4.000 familias que se pueden ir al paro" si se pone coto a su actividad --es decir, si se fija un tiempo de precontratación mínimo-- y cargan contra los múltiples incidentes que han sufrido los conductores de estos vehículos en los últimos meses.
Denuncian que las acciones de los violentos han ido desde tirar piedras para romper las lunas de los coches al lanzamiento de clavos en plena autopista. Aseguran que el hartazgo de los empleados ha propiciado las protestas que se han dado este lunes, que no serán sancionadas por la dirección y que seguramente continuarán el martes. Por todo ello, reclaman que se actúe para poner el freno a los "ataques".
Élite Taxi denuncia división del Govern
Organizaciones como MyTaxi han hecho público un comunicado en el que condenan las acciones violentas y hacen un llamamiento a la calma. El mismo discurso que Élite Taxi, la entidad más activa en organizar las protestas del sector. En clave política, cargan contra la división de posturas que asegura que existe en el Gobierno catalán.
Han señalado al vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), como el principal escollo para que la regulación de las VTC no sea más dura. La tesis que mantienen es que Calvet, un consejero que representa a la CDC más tradicional, está más próximo a sus demandas pero que choca con los republicanos que le impiden ir más allá. Un argumento que se rechaza desde la Generalitat.
Debate en el AMB
Los portavoces del Govern se limitan a señalar que el reglamento está en pleno proceso de debate con el sector y que no aprieta ningún calendario para concluirlo. Donde también se discute qué hacer con las VTC es en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la institución supramunicipal presidida por Ada Colau.
Su propuesta de lanzar una autorización local de este tipo de vehículos fue rechazada por la justicia por falta de competencias. Este fue el origen del conflicto actual ya que propició que las Administraciones movieran ficha tras la resolución de los tribunales y empezaran a debatir sobre la necesidad de regular el sector. Los cambios legislativos que han existido hasta la fecha les permitiría dotarse de su propia norma, pero ya ha dejado claro que replicará la precontratación que se proponga desde el Govern.
Consejo metropolitano de enero
Tanto Colau como su mano derecha, Gerardo Pisarello, han solicitado a Calvet que sea más duro y que amplíe los 15 minutos propuestos a, como mínimo, una hora. Los avances en el resto de la normativa metropolitana que está en proceso de definición se abordarán en un encuentro esta semana con los grupos políticos del AMB. Así lo indican fuentes de la Administración supramunicipal. No se ha incluido en el orden del día de las comisiones informativas que se celebran antes del consejo metropolitano. El plenario se reunirá el próximo martes 29 de enero y sólo se abordará un debate sobre el coto a las VTC si el Gobierno lo solicita por la vía de urgencia. Se espera que Colau o alguno de sus socios en el Ejecutivo, PSC o ERC, mueva ficha. Los grupos de la oposición señalan que el contexto es el más idóneo para que se produzca.
Mientras el debate político prosigue, las movilizaciones de los taxistas persisten. La última propuesta que está sobre la mesa es trasladar parte de los efectivos hasta La Jonquera para bloquear la frontera de la AP-7 con Francia. La iniciativa aún está en fase de definición.