El sector del taxi anuncia demandas y querellas contra Uber y Cabify

El sector del taxi pasa a la ofensiva judicial contra las licencias VTC. La Plataforma Integral del Taxi ha anunciado que presentará una querella criminal y una demanda civil contra Uber y Cabify por presunta competencia desleal. También han comunicado que interpondrán una demanda contra la Administración central, a la que exigirán indemnizaciones por daños patrimoniales.

El coordinador de Élite Taxi, Alberto Álvarez, acompañado por el exjuez y abogado Elpidio José Silva y el presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya, Luis Berbel, ha adelantado este martes la batería de acciones legales que interpondrán ante la Justicia --asesorados por el exjuez Elpidio Silva-- para defender los derechos de los taxistas en el conflicto de las licencias de VTC.

50.000 euros por taxista

Álvarez ha explicado que presentarán una querella criminal para "destapar la trama" que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos de manipulación de precio mediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva. También ha anunciado la presentación de una demanda civil que tiene como objetivo que estas empresas les devuelvan el dinero que ganan haciendo el trabajo que legalmente corresponde a los taxistas. 

Asimismo, la Plataforma Integral del Taxi interpondrá una demanda por presuntos daños patrimoniales contra la Administración central en la que exigirán, como mínimo, una indemnización de 50.000 euros por taxista. 

Exenta de liberalización

Según Álvarez, "la administración no ha hecho su trabajo" al no regular plataformas como Uber y Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto a la de ambulancias y transporte urbano, está exenta de liberalización. "Hay pruebas de que se está montando una trama y que hay personas que están impulsando que se liquide un sector protegido por directivas europeas. Nos quieren quitar del medio, pero no nos dejaremos", ha expresado Álvarez.

Huelga MWC

Respecto a la amenaza de una huelga de taxistas durante el Mobile World Congress (MWC), el portavoz de Élite Taxi ha dicho que esperarán al viernes para ver el decreto ley que ultima la Generalitat junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Esta norma, en la que se regularán los servicios de las plataformas de VTC, se estudia la posibilidad de que operadores como Uber o Cabify estén obligados a precontratar sus servicios con una antelación mínima, que Élite Taxi quiere que sea de 24 horas, y volver a la base después de cada trayecto.

En caso de que la nueva ley no recoja esta reclamación del sector del taxi, éstos irán a la huelga --previa decisión en asamblea-- del 25 al 28 de febrero, cuando se celebra el MWC. Tanto el coordinador de Élite Taxi como el presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya han expresado su "plena confianza" en la Generalitat, pero han advertido que si se ataca al taxi éste se defenderá. Asimismo, Álvarez ha rechazado que el Gobierno catalán tenga que asumir las indemnizaciones de 1.100 millones de euros que Unauto --la patronal de VTC-- exige a la administración si obliga a precontratar sus servicios con esta norma.

Para Unauto, la precontratación es innegociable, ya que su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la patronal ha señalado de que en la práctica conllevaría la eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que sitúan en los 3.000 en Catalunya.

Más querellas

Álvarez también ha rechazado la posición asumida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que considera "altamente discriminatorio" que los vehículos VTC deban precontratar y volver a la base, y que prevé impugnar las regulaciones que puedan derivar del Decreto Ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas.

El portavoz de Élite Taxi ha definido a la Acco como "el brazo armado de los lobbies", y ha dicho que también se plantean medidas legales contra ésta, además de contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, están estudiando querellarse contra el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber suspendido el reglamento aprobado por el AMB al "no tener el menor fundamento" para hacerlo.