Pelota de vuelta a Moncloa. La Generalitat de Cataluña ha propuesto hoy martes devolver las competencias en legislación de vehículos de transporte con conductor (VTC) al Gobierno. Lo ha verbalizado el consejero catalán de Territorio y Movilidad, Damià Calvet (PDeCAT), en el quinto día de una huelga de taxis que el Govern es incapaz de resolver.
Desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, Calvet ha indicado que han puesto sobre la mesa negociadora una propuesta para que las VTC, permisos que utilizan aplicaciones como Uber y Cabify, tengan que ser precontratados en periodos "superiores" a los 15 minutos. "Ello se puede implementar solo si el taxi levanta la huelga, algo que no ha ocurrido", ha lamentado. En cualquier caso, el también exconcejal en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha avisado de que "si el conflicto entre el sector del taxi no se soluciona, nos veremos obligados a pedir al Estado que vuelva a confeccionar una ley que dé más fuerza jurídica a las comunidades autónomas". "Si las posturas son tan robustas, tan irreconciliables, quizá deberemos pedir al Estado que legisle de nuevo, y que con ello podamos legislar de una forma más sólida y robusta", ha aclarado.
Pidieron competencias "blindadas"
Cabe recordar que tanto PDeCAT, partido del conseller Calvet, como ERC, que gobierna la Generalitat de Cataluña con los neoconvergentes, avalaron en el Congreso de Diputados la convalidación del Real decreto-ley 13/2018 que abría la puerta a traspasar las competencias de regulación sobre VTC a las comunidades autónomas en octubre. Durante aquella sesión, los nacionalistas exigieron garantías "reales y firmes" para que el poder sobre legislación de VTC "quedara blindado" por el Ejecutivo autonómico y que, con ello, el Gobierno no recurriera ningún acuerdo o regulación que pudiera impulsar el Govern.
Asamblea de taxistas en huelga en Barcelona el martes / EFE
Asamblea de taxistas en huelga en Barcelona el martes / EFE
"¿Cuántas veces han hecho caso omiso a las competencias de la Generalitat?", se preguntó entonces durante su intervención el portavoz en la comisión de Fomento de los republicanos, Joan Margall. Por su parte, el diputado Ferran Bel (PDeCAT) recordó que dos semanas atrás el Tribunal Supremo había sentenciado contra otra regulación adoptada por la Generalitat de Cataluña. Finalmente y pese a sus reticencias, las dos formaciones independentistas acabaron votando a favor de la convalidación del RD 13/2018.
El Govern, encallado
La postura de los secesionistas en octubre fue como un eco de la expresada por el secretario de Infraestructuras, Isidre Gavín, el 2 de agosto de 2018, cuando en el marco de la Conferencia Nacional de Transportes (CNT) el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentó el futuro decreto a las autonomías para acabar, precisamente, con la primera huelga nacional del taxi. En aquel encuentro, la Generalitat defendió que "el traspaso debe ser con recursos y con herramientas suficientes para solucionar el problema" y agregó que "el Gobierno central actúa con lealtad y con una actitud positiva y abierta a formar parte de la solución".
Quizá por esos recelos, Fomento creó una mesa de trabajo para traspasar las competencias sobre los vehículos que utilizan Uber y Cabify a las CCAA que lo desearan. En aquella comisión participó la Generalitat. El problema del Gobierno autonómico no vino por la parte estatal, sino por la magnitud del problema. Ha sido incapaz de encontrar un punto intermedio entre la postura de las VTC y de los taxistas. Ante ello, los primeros se han atrincherado en la avenida Diagonal de Barcelona y los segundos, en la Gran Via de la Ciudad Condal. Ahora el Govern pide ayuda a Moncloa para resolver el entuerto.