Durante la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes 21 de diciembre, los Mossos d’Esquadra volverán a compartir la sala de mando del dispositivo de seguridad con la Policía Nacional y la Guardia Civil, para blindar el encuentro ante las protestas convocadas por los independentistas en todo el territorio catalán. Una operativo coordinado de los tres cuerpos policiales que ya se produjo durante la celebración del referéndum unilateral del 1-O, sin muy buen resultado.
Más allá del reparto de funciones que otorga a cada uno de los cuerpos sus respectivas competencias en materia de seguridad, los mandos de la Benemérita, la policía autonómica y la Policía Nacional formarán parte del Centro de Coordinación Operativa (Cecor) el 21D.
Compartir información
Que los tres cuerpos se encuentren en el centro de mando les permitirá tomar decisiones de manera consensuada y compartir en directo la información que recaben los efectivos desplegados sobre el terreno durante una jornada en la que hay numerosas acciones de protesta convocadas contra la presencia del Ejecutivo de Sanchez en Cataluña.
A pesar de la coordinación de fuerzas policiales, los Mossos tienen la competencia última de decidir respecto a cuestiones de orden público en el territorio. Como es habitual en este tipo de dispositivos, la protección de las autoridades y de la zona más cercana a la celebración del Consejo de Ministros recaerá en la Policía Nacional.
Problemas de movilidad
Respecto al boicot que los independentistas prepararan contra Pedro Sánchez y su Gobierno, los agentes de la policía autonómica han alertado sobre posibles problemas de movilidad en la capital catalana este viernes, especialmente en la Ronda Litoral.
Durante las últimas horas, unos 750 antidisturbios de la Policía Nacional y otros 200 guardias civiles ya han comenzado a desplazarse a Cataluña para participar junto a los Mossos en el dispositivo para salvaguardar la reunión del Gobierno central en la Llotja de Mar.
Consejo de Ministros
Los disturbios que se puedan producir durante el encuentro del Ejecutivo en Barcelona pueden tener consecuencias graves para sus impulsores, ya que el Código Penal prevé entre dos y cuatro años de cárcel para los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros.
Además, dicho código también prevé penas de prisión de tres a cinco años a los que "empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir" a los miembros del Gobierno asistir a sus reuniones.