El Arzobispado de Barcelona puso a su nombre 133 inmuebles entre 1998 y 2015 tras demostrar que siempre habían sido suyos, según datos ofrecidos por la misma institución en un gesto de transparencia con el que quiere defender la legalidad de estos registros. Y lo hace en plena polémica por la inscripción de bienes a nombre de la Iglesia que algunos sectores consideran públicos.

En este sentido, el ecónomo del Arzobispado de Barcelona entre 2005 y 2018, Antoni Matabosch, ha defendido ante los medios las buenas prácticas de su diócesis en las inmatriculaciones –inscripciones por primera vez—. Con una modificación de la legislación en 1998, dejó de estar prohibida la inscripción en los Registros de la Propiedad de los templos destinados al culto católico y se permitía su inmatriculación, normativa que estuvo vigente hasta 2015.

La Unió de Pagesos denuncia 430 registros a nombre de la Iglesia

“En este proceso, hemos cumplido escrupulosamente la legalidad”, ha dicho. No ha puesto la mano en el fuego por otra diócesis. No obstante, ha desvelado que ha hablado con otros delegados y le aseguran “que han tenido mucho cuidado en no presentar nada que no tuviera sus razones”.

El otrora administrador de bienes eclesiásticos también se ha referido a la polémica iniciada por el sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), que denunció los registros de 430 bienes en las diócesis de Vic (Barcelona) y Solsona (Lleida). Ha deslizado que “se ha hecho una montaña” y que se podría haber resuelto “hablando de tú a tú”.

Santa María del Mar

En el caso del Arzobispado de Barcelona, ha señalado que registró 51 inmatriculaciones entre 1998 y 2015 (25 en la ciudad de Barcelona y 26 en otras poblaciones de la diócesis), que incluyen 133 bienes inmuebles, entre los cuales destaca Santa María del Mar, así como el proceso de inmatriculación del Palacio Episcopal y la Basílica de la Mercè. Otros bienes registrados son la iglesia de Santa Maria de Badalona, Sant Isidre de L'Hospitalet de Llobregat, El Pilar de El Masnou, Sant Joan de Montgat, Sant Feliu de Alella y Sant Joan de Vilassar de Mar.

Interior de Santa Maria del Mar, en Barcelona

Sin embargo, en 16 casos —la mayoría en el Maresme, en ermitas que se encuentran dentro de propiedades particulares— se desistió por falta de documentos acreditativos de la propiedad eclesiástica. Ante estas situaciones, se ha optado por otras vías como la negociación para “garantizar el uso de la gente”.

Inmatriculaciones con base en la ley

El execónomo ha subrayado su “apuesta por la transparencia” ante “las dudas generadas en la sociedad”. Además, ha insistido en que los bienes registrados por el Arzobispado de Barcelona “siempre han sido de la diócesis” y que el procedimiento “no concede la propiedad”, sino que solo da “seguridad jurídica”. Según él, todas las gestiones se han efectuado conforme a ley, que establece que el obispo, como fedatario, presente un certificado con documentación que acredite la propiedad.

Matabosch, además, ha recordado que cada registro, aunque legalmente no requería informar ni publicitarlo, puede ser enmendado judicialmente en caso de que apareciera un interesado que acreditara ser el propietario. En la misma línea, ha argumentado que, en muchos casos, el patrimonio registrado supone más gastos que beneficios puesto que los costes de conservación ya corrían a su cargo.

Dispuestos a "llegar a un acuerdo"

El abogado del arzobispado, Ramon Batlle, ha lamentado que la polémica haya surgido “más por las formas que por el fondo”, al considerar que la inmatriculación es un proceso más propio de la Administración. Ha defendido que la Iglesia podría haber registrado la propiedad de sus bienes a través de otros métodos como la usucapión, que convierte en titular de un bien a quien lo utiliza u ocupa pacíficamente y sin ninguna reclamación.

Ante las declaraciones del Gobierno de hacer pública la lista de todas la inmatriculaciones, Matabosch se ha mostrado dispuesto y abierto a “hablar y llegar a un acuerdo” en los casos donde pueda haber un error.