Invitada a hablar y a arropar a los familiares: un gesto. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido interpelada por los allegados de los fallecidos que reposaban en 144 nichos del Cementerio de Montjuïc, y cuya estructura se hundió en septiembre de 2017. El motivo es un acto de homenaje a las víctimas un año después de hundimiento del bloque de sepulturas.
Según ha podido saber este medio, el evento --no municipal-- reunirá a las familias de los 350 fallecidos que reposaban en los 144 nichos que se vinieron abajo, a los abogados Miguel Durán y José María de Palacio, que pilotan la denuncia penal contra el Ayuntamiento de Barcelona por el desastre, y a un representante municipal. Los afectados quieren que sea la máxima autoridad del Ejecutivo local, Ada Colau, la que acuda y dirija a los presentes unas palabras de apoyo.
Querella contra el gobierno municipal, en breve
El sentido acto de homenaje a las familias que vieron como 144 sepulturas donde reposaban sus seres queridos se hundían el 25 de septiembre de 2017 es paralelo y no guarda relación con la querella criminal presentada por los letrados Durán y de Palacio contra el Ayuntamiento por cinco presuntos delitos: daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación.
El escrito que cuestiona la gestión de la crisis que hizo el gobierno municipal de Barcelona en Comú (BComú) ha recaído en el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona. Se espera que la sala se pronuncie en breve sobre si admite a trámite la denuncia, que está dirigida de forma específica contra el concejal de Presidencia, Agua y Energía y presidente de Cementiris de Barcelona (Cbsa), Eloi Badia; el director general de la empresa municipal, Jordi Valmaña, y la antropóloga Dominika Nociarova, que dirigió los trabajos de identificación, baldíos a juzgar por sus escasos resultados, de los restos mortales de los 350 fallecidos.
Un año después, desastre sin resolver
Ambos hechos, el homenaje en el Cementerio de Montjuïc el sábado y el estudio de la querella criminal, tienen lugar cuando el desastre está aún sin resolver. El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido compensaciones a algunos de los familiares afectados, que las han aceptado. El documento de conciliación que acompaña los pagos estipula de forma clara que las victimas "renuncian a emprender acciones legales" contra la empresa pública de camposantos que dirigen Badia y Valmaña.
Apenas un puñado de familias han aceptado la oferta municipal de compensación tras la tragedia. El resto se están sumando a la denuncia conjunta que coordinan los despachos Durán & Durán Abogados y Palacio Lassaletta. Ya suman más de medio centenar. Tampoco todos los 350 cuerpos han sido identificados, lo que ha obligado a Cbsa --a regañadientes-- a realizar costosas pruebas de ADN a los restos mortales. En este sentido, cabe recordar que el presidente de Cementiris de Barcelona y a la sazón edil de Presidencia, Eloi Badia, descartó dimitir aunque la querella penal se admita a trámite y él sea citado a declarar en calidad de investigado.