Es el fraude del atún: vendían como fresco pescado congelado, con lo que cuadriplicaba su valor de mercado. La Guardia Civil se ha incautado de 45 toneladas de este producto en cuatro provincias: Alicante, Murcia, A Coruña y Barcelona.
En el marco de la Operación Atunali hay cuatro investigados, con edades comprendidas entre los 49 y los 59 años. Las autoridades les atribuyen un delito contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental. Se enfrentan a penas que van de uno a cuatro años de prisión y a posibles sanciones administrativas.
Sin certificación
La operación, que continúa abierta, la comenzó en enero el Seprona de la Comandancia alicantina, y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol. En una primera fase, los agentes inmovilizaron 10 toneladas de atún de la especie atún patudo por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización.
Después, localizaron en otro establecimiento mayorista varios lotes de atún congelado de aleta amarilla que no contaban con certificación de origen ni del sistema empleado para su congelación; el cuerpo comprobó que la empresa troceaba el pescado, procedente del Atlántico, y posteriormente lo distribuía como descongelado o elaborado con aditivos. En este fraude han intervenido otras tres empresas y los tres armadores de los buques de captura, de nacionalidad francesa, salvadoreña y panameña
Mercado clandestino
Con la ayuda de la Red Europea de Fraude Alimentario de la Comisión Europea, el Seprona comprobó que los barcos utilizados no disponían de un sistema de congelado por inmersión en salmuera adaptado a la nueva legislación, que establece temperaturas inferiores a -18º C para el consumo humano.
Las naves, dedicadas a abastecer a empresas conserveras, destinaban el sobrante de las capturas al mercado clandestino, donde varias distribuidoras lo compraban a un precio muy por debajo del valor para capturas frescas.
Exceso de aditivos
Tras descongelar el atún, los investigados procesaban su carne con aditivos que inyectaban en cantidades muy superiores a las recomendadas con el objetivo de otorgarle un aspecto similar al fresco.
De esta forma, el pescado, que solo estaba autorizado para consumirlo en conserva con un valor inferior a los tres euros por kilo, se ponía a la venta como fresco por cantidades de hasta 14 euros por kilo.