Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de 'La Manada' que podrá reincorporarse al cuerpo, en una imagen de archivo / EFE
El militar de ‘La Manada’, pendiente de destino al levantarse su suspensión
El plazo máximo de inhabilitación para Alfonso Jesús Cabezuelo era de seis meses, por lo que el Boletín Oficial de Defensa publica su fin
11 julio, 2018 12:14El militar de La Manada se podrá reincorporar al Ejército. Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco jóvenes condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer durante los Sanfermines de 2016, está pendiente de destino. Y es que Defensa ha levantado este miércoles su suspensión de funciones y sueldo, que podía durar un máximo de seis meses.
Así, “queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla”, según el Boletín Oficial de Defensa. La resolución fue firmada el 4 de julio y tiene efecto desde el 22 de junio, quandó salió de la cárcel.
Sin sentencia firme
Tanto el militar como el agente de la Guardia Civil de La Manada continúan formando parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Su expulsión no se materializará hasta que haya una sentencia firme. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra estudia los recursos interpuestos por todas las partes después de la sentencia de la Audiencia Provincial y la puesta en libertad provisional de los condenados.
El probable que el caso termine en el Tribunal Supremo, ya que todas las partes pretenden agotar todas las vías. Hasta entonces, no habrá sentencia firme.
Jueces con el tribunal
La reincorporación de Cabezuelo al Ejército ha causado polémica en las redes sociales. El caso ha sido objeto de protesta social y movilizaciones desde su inicio. Cuando la Audiencia Provincial publicó la sentencia que condenaba a los miembros de La Manada por abuso sexual y no por violación, se produjeron manifestaciones en todo el país de protesta contra una resolución que consideraban poco severa.
Ahora, 750 jueces han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la "presión social" que recibió el tribunal. Los magistrados firmantes lo consideran una "gravísima amenaza contra la independencia judicial en España" y apuntan que se produjo una "complicidad y aliento de políticos".
