El director del Servei Català de la Salut, David Elvira / EP

El director del Servei Català de la Salut, David Elvira / EP

Vida

Salud despide a una empresa de rehabilitación por contratar falsos autónomos

CatSalut rescinde el contrato a UTE-Acerf, que prestaba servicio de atención domiciliaria en la zona norte de Barcelona, tras la denuncia de UGT y la Inspección de la Seguridad Social

9 marzo, 2018 11:40

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha rescindido el contrato a la empresa UTE-Acerf, que prestaba servicios de atención domiciliaria de rehabilitación en la zona norte de Barcelona, por contratar falsos autónomos. Según ha podido saber Crónica Global, a diferencia de otras empresas denunciadas por la Inspección de la Seguridad Social, UTE-Acerf no ha regularizado su situación, aunque ahora tendrá la oportunidad de presentar alegaciones.

En junio de 2017, la Inspección de la Seguridad Social informó de la detección de irregularidades en los servicios de atención domiciliaria de rehabilitación y logopedia contratados por CatSalut, tras diversas denuncias sindicales. En concreto, la Inspección descubrió la existencia de falsos trabajadores autónomos en estos servicios.

Información sobre los expedientes

CatSalut solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al sindicato UGT información sobre el estado de los expedientes sobre las empresas adjudicatarias. A continuación, el departamento de Salud envió una carta a las empresas adjudicatarias en la que les instaba a regularizar a todos los trabajadores adscritos en situación de irregularidad en un plazo máximo de dos meses.

Varias de las empresas denunciadas por la Inspección regularización la situación de sus trabajadores, no así UTE-Acerf, con la que el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha decidido rescindir el contrato. Lo ha hecho en base a un informe elaborado por la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas del Departamento de Salud.

La Inspección reclamó a UTE-Acerf, que daba cobertura a la zona norte de Barcelona, un total de 318.000 euros en concepto de cuotas no pagadas y a regularización de unos 20 trabajadores. A partir de ahora se abre un período de alegaciones. Una vez resuelto el expediente, si se confirma la rescisión de contrato, el servicio sería asumido por empresas públicas de la ciudad, lo que podría producirse antes de finales de año.