Amnistía juzga de "desproporcionada" la restricción a la libertad de expresión en España

La organización Amnistía Internacional ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España. A través de su informe anual donde se analiza la situación en 159 países considera que se restringió de forma "desproporcionada" en 2017. 

El director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha criticado que "cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos" por las "miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión" en aplicación de la llamada "Ley mordaza" o de Seguridad Ciudadana.

"La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias", ha añadido Beltrán, quien insiste en que "se han disparado los juicios y condenas" por ese motivo.

Amnistía lamenta que "comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas". Este miércoles se conocía la condena al rapero Valtonyc con 3 años y medio de cárcel por sus canciones contra el rey y el Gobierno del Partido Popular. 

Uso excesivo de la fuerza en el 1-O

El informe también condena "el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes" ante la prohibición del referéndum.

En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, "que se mantienen", y la desprotección frente al derecho de vivienda.

Asimismo, censura los desalojos forzosos "sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado" realizados en 2017: 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.

España incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la UE y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes.