El 25 de mayo de 2017, la juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó el ingreso en prisión sin fianza para el expresidente del Barça Sandro Rosell y para su socio y amigo el gestor andorrano Joan Besolí. El fiscal les acusó de blanqueo internacional de capitales. Ambos llevan casi nueve meses en prisión preventiva y hasta en cuatro ocasiones el tribunal no ha querido atender su petición de libertad, ni siquiera con fianza.

Quince días antes del ingreso, uno de los hijos de Besolí, Genís, de 20 años, sufría un terrible accidente laboral que le produjo una gravísima lesión en la columna vertebral.

Con su hijo en el hospital, Besolí entró en la cárcel y, un día después, el 26 de mayo, recibía por parte de sus abogados la peor de las noticias: su hijo Genís iba a quedar irreversiblemente paralítico.

Piden humanidad

Desde entonces, los letrados de Besolí se han desgañitado ante la juez instructora, Carmen Lamela, y ante la sala de la Audiencia Nacional reclamando "humanidad a los efectos de que valore en su justa medida el nulo riesgo de fuga que existe" en su representado. De hecho, la juez había esgrimido como motivo preponderante para decretar su ingreso en prisión la posibilidad de fuga.

Los abogados de Besolí, que recuerdan que su cliente tiene todo su patrimonio embargado, insisten en que un padre con semejante drama personal jamás huiría del país. Al menos alguien como Besolí. Y así se lo trasladaron a los jueces.

Pero la justicia es ciega y primero la audiencia, y más tarde la propia juez, han contrargumentado el criterio de las defensas con unos alegatos, como poco, chocantes.

Padre poco entregado

Para empezar, el 4 de julio la sala negó la libertad de Besolí en una resolución en la que se podía leer: “Las visitas de Besolí al centro hospitalario donde se encuentra internado su hijo –el hospital Vall d'Hebron-- no se producen con periodicidad diaria y sus constantes entradas y salidas del país no se ajustan a un patrón previsible”. Es decir, el tribunal, que parafrasea lo argumentado con anterioridad por parte del fiscal, niega la libertad tutelada a un padre (ni siquiera un permiso de visita) porque entiende que no ha sido lo suficientemente “entregado”, al menos cuantitativamente, en las visitas que, antes de su detención, efectuó al hospital donde estaba ingresado Genís.

Los abogados, contrariados, respondieron que Besolí tiene otros dos hijos, menores, en edad escolar, y que en atención a ello se turnaba con su mujer en las visitas a Barcelona donde estaba ingresado Genís.

Besolí se puede fugar

Pero eso no le pareció suficiente a la audiencia. Los abogados volvieron a recurrir y a pedir (de forma infructuosa) humanidad a los jueces. La magistrada, Carmen Lamela, firmó el 28 de julio un auto en el que se expone como argumento para vetar la libertad del investigado Joan Besolí que “se pone de manifiesto, una vez más, el potencial económico de Besolí, que permite que se contemple la posibilidad de que su hijo pueda ser trasladado al extranjero para que continúe tratamiento”.

¿Está insinuando Lamela que Besolí puede huir y llevarse a su hijo en silla de ruedas en su huida?

Ante estos argumentos, la estupefacción de la familia y los abogados de este hombre que lleva nueve meses en presión preventiva, con todo su dinero embargado y con un hijo que recibirá tratamiento durante meses en el Instituto Guttman, es simplemente exasperante.