En una resolución de 30 páginas que se acaba de hacer pública, el Tribunal de Corts de Andorra ha desestimado la petición de las defensas de los 25 acusados por el caso BPA que pretendían sacar de la causa a la acusación particular que lidera el Gobierno de Andorra.
Para las defensas, la presencia del Ejecutivo andorrano como acusación en este juicio por blanqueo internacional de capitales "es un elemento distorsionador y fuera de la legalidad dado que es el ministerio público el garante constitucional de la salvaguarda del interés publico y, por lo tanto, la presencia del Gobierno como acusador particular no tiene sentido ni marco legal", alegan los abogados.
El juicio lo dirá
El tribunal que preside Josep Maria Pijuan no comparte este criterio. Según los magistrados, si el Gobierno se ha sentido perjudicado está en su derecho de personarse. Será durante el trascurso del juicio cuando se delimitarán, si existieran, las eventuales responsabilidades.