Rafael Pallardó se dedicaba a blanquear dinero en Andorra. Lo hacía fundamentalmente a través de las llamadas "operaciones de compensación" (ahora penadas, pero no en el momento de autos, 2010-17). Se trataba de operaciones perfectamente legales y de utilización habitual por parte de toda la banca andorrana.
Pallardó trabajaba para Gao Ping, empresario chino que facturaba centenares de millones de euros al año, la mayoría en b. La policía detuvo a Ping, a los suyos y a Pallardó. El juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión acusado de pertenecer a la red internacional de blanqueo de capitales más importante descubierta nunca en España.
Era el hombre de los maletines, el que daba la cara ante los banqueros andorranos. Su agenda, que se incautó la policía, resultó reveladora del alcance de sus relaciones y de la dimensión del imperio económico que había tejido a su alrededor.
Agenda reveladora
En la agenda aparece un nombre que llama la atención de los fiscales españoles: Joan Pau Miquel. Y una siglas a continuación: BPA. Se trataba del CEO de esta entidad, todo un referente financiero en Andorra, director del banco propiedad de los hermanos Higini y Ramón Cierco. Corrían los últimos días de octubre del 2012. La Operación Emperador había saltado por los aires.
Estando Pallardó preso, sus letrados mantuvieron una reunión con los fiscales de la Operación Emperador en la que se puso en valor y sobre la mesa una determinada información en poder del reo que afectaría al matrimonio Pujol. En concreto, se habló de varios correos electrónicos que implicarían directamente a Marta Ferrusola en “diversas y flagrantes” operaciones de blanqueo de capitales en Andorra. Buscaba una salida.
El difícil 'caso Pujol'
Por aquel entonces, el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tenía abierta la originaria investigación contra Jordi Pujol Ferrusola y el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona investigaba la famosa herencia del expresidente Pujol tras revelar que había tenido cuentas no declaradas en Andorra.
Joan Pau Miquel, antiguo CEO de BPA
Conviene resaltar que en aquellos días la Fiscalía tenía enormes dificultades para avanzar en el delito de blanqueo y tráfico de influencias que atribuían indiciariamente a los miembros del clan Pujol.
Pallardó mueve ficha
Pero para tirar de la manta, Pallardó tenía que salir de la cárcel. El 3 de diciembre de 2013, el reo pidió comparecer ante el juez para declarar. Lo hizo (en una comparecencia que para muchos fue pantomímica) y el juez le excarceló el día 11 de aquel mes.
El 30 de octubre de 2014, los fiscales anticorrupción Juan José Rosa, José Grinda y, por expresa indicación del entonces fiscal jefe, Antonio Salinas, también el fiscal Fernando Bermejo, se reúnen con Pallardó y con sus abogados. Asoma la puntita, pero no enseña nada más. Dice, efectivamente, que tiene información sobre Marta Ferrusola y sobre determinado intermediario que realizó algunas operaciones de compensación con el matrimonio.
Los fiscales, perplejos
Cuando los fiscales, ávidos de información, le reclaman datos y una mayor concreción, Pallardó, para sorpresa de todos menos de sus abogados, les pide dinero. Los fiscales le dicen que la Fiscalía no paga porque, entre otras cosas, no maneja fondos reservados. No se lo cree, insiste y les propone cobrar a través del diario El Mundo. Juan José Rosa, estupefacto, se levanta de la reunión y se larga. Minutos después lo hacen Grinda y Bermejo.
Al día siguiente, los tres fiscales dan cuenta de la reunión a su superior, Antonio Salinas, en presencia del también fiscal Alejandro Luzón, que por entonces era el delegado de anticorrupción en el caso de la herencia de los Pujol que se seguía en Barcelona. Luzón es actualmente el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
Explota el 'caso BPA'
Transcurren los meses y, en 2015, el presidente de Andorra, Toni Martí, ordena al fiscal general Alfons Alberca que inicie una investigación contra BPA. El Tesoro de EEUU, en un informe escueto y parco en indicios, alerta a Andorra de que las mafias rusa y china blanquean dinero a mansalva en el Principado. Alberca conocía las revelaciones de la agenda de Pallardó y pidió ayuda a sus amigos fiscales españoles.
Gao Ping
Los fiscales, ante la oportunidad de poder complacer a sus colegas andorranos, reacios hasta entonces a facilitar datos de los Pujol, cumplimentan en 24 horas dicha comisión con todos aquellos datos que pueden interesar a la justicia del Principado y que aparecían en la llamada Operación Emperador.
Lo envían a Andorra
No sólo eso. Aquel mismo día y en el contexto de esa comisión rogatoria el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo toma declaración a Pallardó y le pregunta sobre su agenda, una libreta en la que el comisionista detalló de puño y letra todas las operaciones de blanqueo que protagonizó, especialmente en BPA.
En esa libreta aparece el nombre de una tal “Marta” y Bermejo aprovecha para preguntarle si esa “Marta” es Marta Ferrusola. Pallardó responde con un escueto y desconcertante “no me acuerdo”.
¿Traidor?
Así, es conminado a ir a Andorra y a explicárselo todo a Alberca. Lo hace y, horas después, Joan Pau Miquel es detenido y encarcelado durante meses.
El motor del caso BPA, cargado de la gasolina que ha introducido Pallardó, se pone en movimiento, pero pasan los meses y no le salen los números. El intermediario de Gao Ping hace saltar la banca por los aires cuando en marzo de 2016 sorprende a todo el mundo con un cambio de abogado y presenta sendas denuncias contra las fiscalías de España y de Andorra, a las que acusa de coacciones y amenazas. “Lo que dije entonces no es cierto”.
La denuncia presentada en España provoca unas diligencias de investigación instruidas por el fiscal jefe, Manuel Moix, contra sus subalternos y coincide con la comparecencia de Higini Cierco (expropietario del BPA e imputado en España y Andorra) en la Fiscalía Anticorrupción el 31 de marzo con una cartera llena de datos sobre las supuestas andanzas de los Pujol en Andbank.
Tras una semanas de incertidumbre, la denuncia de Pallardó contra los fiscales españoles se archiva, pero el intermediario logra sembrar dudas sobre la causa que ha dirigido la juez Canolic Mingorance.
Pallardó ya no se sabe a qué intereses representa. Ni siquiera si está actuando a la desesperada o no. Lo cierto es que se trata de un mentiroso (o lo hizo antes o lo hizo después), cuyo testimonio va a ser cogido con pinzas por el Tribunal de Corts (equivalente a la Audiencia Nacional), que juzgará el caso BPA.