La discutible oficina ‘antiokupas’ que Colau bloquea

¿Necesita Barcelona una oficina para hacer frente a las okupaciones? Los últimos resultados de la encuesta de victimización parecen apuntar a una respuesta afirmativa, ya que indican un aumento del 61% en los conflictos vecinales con el colectivo antisistema y pasa a ser el quinto problema de convivencia de Barcelona, escalando cuatro puestos.

El grupo popular municipal presentó, en marzo de 2017, una propuesta para poner en marcha lo que Alberto Fernández bautizó como “oficina antiokupas” y la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Derechos Sociales.

Colau niega la necesidad

Diez meses más tarde, el gobierno de Ada Colau sigue sin reaccionar al respecto. La alcaldesa considera que no es necesaria esta solución porque “el ayuntamiento puede estar muy orgulloso de tener unas muy buenas oficinas de vivienda en la ciudad de Barcelona que precisamente están para dar respuesta a todas las problemáticas relacionadas con la vivienda”.

Colau reitera que “no es competencia del ayuntamiento intervenir en caso de okupación”, pese a que se trabaja desde el consistorio para ayudarles. Pero la iniciativa del PP de Barcelona va más allá del generalismo de llamar al 010 ante cualquier problema.

Mapa de puntos calientes

La citada oficina contaría con un grupo de asesores jurídicos que ofrecerían la información necesaria a los barceloneses que se encuentren ante un caso de okupación en sus pisos de propiedad o en alguna vivienda situada junto a su hogar.

Estos casos tejerán una red de puntos localizados en los que se da el problema de la okupación y se crearía un mapa de puntos calientes en la ciudad para que tanto Mossos d’Esquadra como Guardia Urbana de Barcelona (GUB) los tuvieran detectados.

De esta forma, según Fernández, “podría evitarse una guerra en los barrios donde hay más okupación” y donde ya se da este conflicto entre vecinos y el colectivo antisistema, como Gràcia y Sants.

Tipo de okupación

Los usuarios que acudiesen a este centro municipal encontrarían a personal funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, del patronato de la capital catalana y tendría línea directa con la policía, entre otros. Allí se facilitaría la tramitación necesaria para desencallar la situación, partiendo de la base del tipo de okupación mediante aspectos clave como si es violenta, qué tipo de personas han allanado la vivienda y si se ha producido en horas o días, para recurrir al desalojo exprés.

El grupo popular municipal recuerda que una encuesta propia del Gesop señalaba que el 51,8% de los barceloneses consideraba que Ada Colau es demasiado permisiva con las okupaciones ilegales. “Desokupar Barcelona debe ser una prioridad del gobierno, no solo por el derecho de la propiedad sino para garantizar la convivencia en Barcelona”, sentencia Fernández.