Frente común en Baleares contra la exigencia del catalán en la sanidad pública

Baleares  quiere aprobar próximamente un decreto mediante el que el Gobierno autonómico (PSOE y la formación econacionalista MÉS) exigirá conocimientos de catalán a médicos y enfermeros para que puedan trabajar en la sanidad pública. Ello ha llevado a varias entidades a trasladar, también fuera del archipiélago, sus protestas contra tal medida ante la fuga de profesionales que la misma está provocando y a solicitar la intervención de la Fiscalía antes de que el Ejecutivo isleño dé luz verde a la nueva normativa.

Tal es el caso de la asociación nacional El Defensor del Paciente, cuya presidenta, Carmen Flores, asevera en declaraciones a Crónica Global que, en un sector como el ámbito médico, los trabajadores “tienen que ser profesionales y actuar con respeto y decencia, pero no se les puede imponer la lengua catalana”. Un hecho que, arguye, ha llevado a numerosos sanitarios a emprender su marcha de las islas, principalmente de Ibiza y Formentera, para poner rumbo a otras comunidades autónomas.

En conocimiento de la Fiscalía

Ante esta situación, la entidad ha decidido dirigirse al ministerio público y, en concreto, al fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, a quien ha remitido un escrito en el que apunta incluso a la posible comisión de un delito: “Quienes trabajan en la sanidad no tienen ninguna obligación de hablar catalán porque en el supuesto de que un turista tuviera que acudir a un hospital o centro no entendería este idioma, por lo que es obvio que viola un derecho que creemos fundamental, que es el de decidir qué lengua se habla o practica”.

“Todos tenemos derecho a aprender --cuanto más, mejor--, siempre que la cultura no se imponga de forma dictatorial”, añade, e incide en que especialmente en Baleares se necesitan profesionales del sector que, sin embargo, están optando por irse.

Nivel básico para auxiliares y avanzado para médicos y enfermeros

En concreto, la futura norma, cuyo borrador fue aceptado a finales del pasado verano entre los partidos que forman el Pacto, fija como requisito que los auxiliares acrediten disponer del nivel básico o B1 de la lengua catalana para acceder a una plaza en la sanidad balear, mientras que los médicos y enfermeros deberán contar con el nivel B2 o avanzado.

Especialmente crítica al respecto se muestra otra entidad, el Sindicato de Enfermería (Satse) de las islas. Su secretario general, Jorge Tera, lamenta que la situación más grave se vive en las Pitiusas ya que la Bolsa única se ha agotado y ya no hay enfermeras disponibles para contratar “aun sin ser una época de contratación masiva como el verano”. Lo achaca, además de a la escasez estructural de profesionales, al decreto del catalán.

“Se ha confirmado la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza a otras comunidades ante la perspectiva de la exigencia del certificado lingüístico, junto a otras que han solicitado el traslado que recientemente ha convocado Andalucía”, apunta la entidad, que considera que tramitar una medida “para excluir a profesionales cualificados del acceso al empleo público en una situación como esta es una irresponsabilidad”.

Los verdaderos efectos, “en dos o tres años”

Desde Satse no son optimistas. Auguran que los verdaderos efectos de la nueva normativa se producirán “en dos o tres años”, cuando lo que hasta el momento ha sido un efecto llamada “se convierta en un efecto rechazo”. Aun así, piden a la presidenta balear, Francina Armengol, que dé marcha atrás y no permita que “el criterio político impuesto por el socio minoritario del Govern [en alusión a MÉS] ponga en peligro la asistencia sanitaria”.

En concreto, se refiere a la decisión inicial, adoptada en verano, del Instituto Balear de Salud (Ib-Salut) de eximir a los profesionales sanitarios de disponer del título del catalán. No obstante, los socios nacionalistas del PSOE consideran, y así lo pusieron sobre la mesa, que conocer este idioma y acreditarlo es “una línea roja innegociable”, por lo que finalmente el Ejecutivo acabó rectificando su postura para terminar estableciendo como requisito tener la titulación del idioma, que en el Estatuto balear posee la consideración de lengua propia de las islas.

Impugnación del decreto

Junto a Satse, el otro sindicato mayoritario del sector es el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que tampoco se ha quedado atrás en las protestas contra la nueva norma. De hecho, ambas entidades votaron en septiembre en contra del proyecto y anunciaron que acudirán a los tribunales para impugnarlo.

La propia Armengol salió al paso recientemente para rebatir las críticas vertidas contra el decreto, asegurando tajante que “ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística” y que, de hecho, la medida se aplicará de forma flexible en áreas con mayor déficit de profesionales y, en caso de que un sanitario procedente de fuera de las islas obtenga plaza fija en Baleares, dispondrá de dos años para acreditar los conocimientos de la lengua catalana.