Rajoy indulta los macropuentes festivos y busca votos con la conciliación

En las elecciones de 2011 y en el debate de investidura, Mariano Rajoy se comprometió en persona a dinamitar puentes, macropuentes y hasta viaductos que sortean las aguas del calendario laboral, como la próxima semana en vísperas navideñas. Pero la fórmula, tan sencilla como hacer coincidir los preceptivos feriados, sin eliminarlos, con viernes o lunes, lleva seis años atascada.
El objetivo era mejorar la productividad en tiempos de crisis, pero apenas contó con el apoyo de las patronales, excluidas agencias de viaje, restauradores y hosteleros. Recibió el rechazo de estudiantes, sindicatos, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena y hasta de la jerarquía eclesiástica.

Nada se ha movido en el paisaje anunciado. Los días laborables de 2018 aprobados por el Gobierno prevén al menos dos posibles viaductos en agosto (el día 15 es miércoles) y tres excelentes puentes en mayo (el día 1, Fiesta del Trabajo es martes), noviembre (el día 1, Todos los Santos, jueves) y diciembre (el día 6, fiesta de la Constitución, martes). Los madrileños tendrán otro en mayo (15, San Isidro, martes).

Es fácil e incluso lógico criticar al Ejecutivo por permitir un calendario que ralentiza durante una semana a toda España. “Pero los diferentes sectores con intereses encontrados hacen difícil poner en marcha algo tan aparentemente sencillo”, advierte el sociólogo Matías González.

Freno sindicoepiscopal

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en una imagen de archivo / EFE

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en una imagen de archivo / EFE

Rajoy abrió negociaciones con la patronal, los sindicatos y los obispos. Los agentes sociales esbozaron en 2012 un principio de pacto que consistía en trasladar tres festivos al lunes (15 de agosto, 1 de noviembre y 6 de diciembre). Pero mantenían inamovibles el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 12 de mayo y el 12 de octubre.

La Conferencia Episcopal Española es competente en la materia porque el convenio Iglesia-Estado español de 1979 recoge que las fiestas deben establecerse de “común acuerdo”. Los prelados, entonces presididos por el cardenal Antonio María Rouco Varela, admitieron a lo sumo mover el 1 de noviembre (Todos los Santos) a cambio de mantener el 8 de diciembre (La Inmaculada). Otras fiestas, como las de Semana Santa o Navidad, eran sagradas e innegociables. Además, musulmanes y protestantes asomaron pidiendo sus festivos con motivo del Ramadán o el aniversario de Lutero.

Competencia y embrollo

El equipo económico del PP calculó que en un macropuente de diciembre se pueden llegar a perder 1.000 millones de euros. Hay que sumarle el coste del parón en factorías y empresas multinacionales o con clientes internacionales.
Pero no se dio cuenta del embrollo que supondría cada año ajustar los cambios, teniendo en cuenta también el calendario escolar. Además, el Gobierno solo puede elegir 8 de los 14 días festivos establecidos. El Estatuto de los Trabajadores y el arraigo social establecen como intocables el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 12 de octubre. El de Reyes, junto a otras tres festividades, es una competencia autonómica, aunque ninguna comunidad ha llegado a tocarlo. Y los ayuntamientos deciden otras dos festividades locales.

Como en Canarias

Tras el debate, vino el silencio y el olvido. Y sin aprender la lección, Rajoy, presidente en funciones y en víspera electoral, ordenó el pasado abril a sus senadores instar al Gobierno (es decir, a sí mismo) legislar sobre la terminación de la jornada laboral a las 6 de la tarde. Y de paso, a modificar el huso horario (el centro-europeo) para corrernos al de Greenwich, adoptando el propio del Reino Unido, Portugal y de las Islas Canarias. Es decir, una hora menos.

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) aplaudió entusiasmada ambas iniciativas y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cumplió en diciembre el mandato de insistir en el tema con una especie de gran pacto nacional y una solemne declaración en el Congreso de los Diputados.

El cambio de huso tiene sus defensores, pero muchos más detractores. En cabeza con los primeros se encuentran independentistas tan lejanos geográficamente como el BNG desde 2006 y desde los que era Junts Pel Sí, desde el pasado julio. Otros, sin inquietudes secesionistas, argumentan que estamos donde no nos corresponde geográficamente y que por ello, nuestras vidas, de sueño o vigilia, están desalineadas y afectan negativamente a nuestros ciclos circadianos. En otras  palabras, que salimos de casa demasiado pronto, volvemos demasiado tarde, dormimos poco y vivimos de espaldas a la luz solar.
Los contrarios responden que el cambio de huso sólo significa atrasar la manecilla del reloj una hora. No encuentran ventajas que justifiquen como más racional, lógica y natural esta mudanza. Ni que suponga un ahorro energético o que beneficie al turismo.

Salir a la seis

Una mujer concilia ser madre con el trabajo desde casa

Una mujer concilia ser madre con el trabajo desde casa

El Gobierno también se ha subido al carro de conseguir una especie de consenso nacional para que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde, y conciliar  mejor la vida laboral y familiar (“y personal”, corrigen colectivos de gais y singles).

El abogado y economista José Antonio Senovilla considera que terminar la jornada toda la población laboral a las 6 pm es inviable. Explica que acaban antes de esa hora los funcionarios (son el 15%) y trabajadores de la construcción (16%), pero los del sector transportes, comercio y hostelería (30%) no pueden a esa hora cerrar sus establecimientos o parar sus trenes y aviones y los agricultores, ganaderos y pescadores (9%) van según el ciclo de su actividad. “Solo sería aplicable al 25% del censo laboral restante. Los costes son inasumibles. Somos un país turístico y de mucha vida social”, subraya Senovilla.

Guarderías y canguros

La patronal CEOE ve compleja la medida, sobre todo si afecta a la productividad de las plantillas. En un reciente informe defiende que no se puede buscar la solución a la conciliación sólo en las empresas sino que deben tenerse en cuenta también a los clientes. 
La organización empresarial propone aumentar el horario de las guarderías y centros para dependientes, con cargo a la Administración, dar una mayor flexibilidad a los horarios de los centros educativos, y ofrecer más ayudas a las familias y exenciones fiscales para la contratación de empleados  domésticos y ‘canguros’.

Sobre el cambio de huso la CEOE apunta que España es un país con mucha vida social, que vive del turismo y la hostelería y que la necesidad de dilatar los horarios es palmaria. “Los que quieren o necesitan acabar antes suelen coincidir con los que piden que al finalizar sus jornadas otros servicios estén abiertos y disponibles para ellos”, señala.
Y pone ejemplos de la contradicción: “Queremos que las guarderías abran antes o cierren más tarde precisamente para conciliar nosotros, y que el gimnasio esté abierto cuando terminamos de trabajar, y, por supuesto, los supermercados, tiendas o cines”.  
El debate no pinta nada fácil. Algunos piensan que, como en el caso de los puentes, se trata de meros fuegos de artificio para dar que hablar y vender que se piensa en el bienestar del pueblo.