Cuatro clanes de La Mina han orquestado esta semana una okupación masiva de pisos como muestra de fuerza. La toma de 40 viviendas en el barrio de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) es la respuesta a la imputación del gerente del Consorcio de desarrollo local, Juan Luis Rosique, y a la de Juan Carlos Ramos, concejal de Deportes. Ambos han sido procesados por, presuntamente, otorgar contratos de vigilancia a bandas criminales locales.
Según han informado fuentes vecinales y políticas que han preferido no revelar su identidad, la patada a la puerta en las viviendas se vincula directamente a los Manolos, los Baltasares, los Portus y los Lisardos, algunas de las familias que hasta ahora controlaban la seguridad de los bloques vacíos de la zona.
La detención e imputación de Ramos y la condición de investigado de Rosique habrían echado al traste este negocio.
"Hasta ahora había una paz social conseguida a base de prebendas. El gerente del Consorcio --Rosique-- otorgaba los contratos de vigilancia a empresas creadas ad hoc por los clanes. A cambio, conseguía mantener tranquilas a las bandas", han indicado residentes de la zona.
Fin del pastel
El negocio de la vigilancia de viviendas vacías habría acabado cuando los Mossos d'Esquadra detuvieron a Juan Carlos Ramos (PSC) el pasado 19 de junio por, supuestamente, desviar fondos públicos a los clanes del barrio mediante dichos contratos.
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El concejal imputado Juan Carlos Ramos (c), llegando al juzgado a declarar / CG
El arresto de Ramos y la condición de investigado del gerente del Consorcio, que es quien pilota las licitaciones, no permitirían continuar con el acuerdo.
De hecho, fuentes no oficiales han indicado que el ente prepara una nueva adjudicación en la que invitará a más de 20 empresas para zafarse del mercado cautivo de las compañías montadas por los clanes.
Empresa insolvente
Cualquiera que fuere su formato, la licitación tendrá que moverse rápido, ya que la firma actual, Belaan Seguridad SL, acaba su servicio el próximo 29 de julio.
La firma cazó los tres contratos de seguridad de 10.091 euros, 10.454 euros y 45.738 euros licitados por el Consorcio de La Mina en abril pese a contar con un historial accidentado.
Su empresa antecedente, Belaan Seguridad y Control SL, domiciliada en la misma dirección, acabó en insolvencia, con el embargo de su administradora y reclamaciones dinerarias por parte del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona, según el Registro Mercantil.
Ello no impidió que el Consorcio otorgara a su empresa hermana la vigilancia de los pisos vacíos de la zona.
Tercer acto de fuerza
La okupación de pisos de esta semana, calificada con adjetivos que van desde "muestra de fuerza" o "acto puramente criminal", es en cualquier caso una muestra de apoyo de parte del barrio a los dos presuntos conseguidores.
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Vecinos apoyando al concejal imputado Juan Carlos Ramos en el pleno de Sant Adrià de junio / CG
Fuentes políticas lo describen como "tercer acto" del caso Juan Carlos Ramos. El concejal arrestado el 19 de junio fue arropado una semana después por decenas de vecinos en el Pleno municipal.
"Hubo tensión entre partidarios y detractores del edil detenido. Y se insultó al grito de traidora a una concejal, Isabel Marcuello (Més), que rompió con el PSC en febrero de 2015, porque algunos consideraron que no defendía los intereses de La Mina".
"No es un problema habitacional"
Las fuentes consultadas insisten en que la toma masiva de viviendas de esta semana no es un problema habitacional.
"Es una respuesta planificada a algo. A qué, ya se verá", han indicado. La respuesta quizá se conocerá hoy en la junta municipal de portavoces, en la que varios partidos preguntarán si la seguridad en los pisos vacíos de La Mina se ha relajado tras la detención de Ramos.
Otras fuentes recuerdan que el barrio ya vivió otra oleada de okupaciones en 1992 coincidiendo con una moción de censura contra el entonces alcalde, Antoni Meseguer (PSC).
"Es la repetición de aquella Noche de los Cuchillos Largos de los años 90. Pero sin tanta violencia. Es una demostración de fuerza. Cuando trascendió la noticia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sondeó venir a ayudar, pero lo descartó", han agregado.
"Pero sí hay responsabilidades políticas"
La mezcla de intereses en la acción en La Mina no resta responsabilidad a algunos cargos públicos. Los apartamentos ocupados son parte del Plan de Transformación de La Mina. Debían acoger a los vecinos del edificio Venus del barrio cuando el degradado inmueble se demoliera.
No obstante, el Consorcio que pilotaba el traslado de vecinos cambió de parecer en 2014 y dejó el plan en un cajón. A renglón seguido, subastó algunos de los activos a vecinos que no eran de la zona.
"El ente, con Rosique al frente, intentó vender la reforma de la manzana Venus, pero la iniciativa no concitó suficiente apoyo político. Ante esta situación, retomó el plan de derribo en 2016, pero no se ha hecho nada. Han perdido el tiempo y dejado pisos vacíos durante siete años", explican fuentes municipales.
"La okupación de esta semana genera un escenario dantesco. Políticos que eludieron su responsabilidad con los vecinos más vulnerables de La Mina han visto como grupos cuasi criminales que presuntamente engrosaron con fondos públicos les bloqueaban la solución al primer problema. Ellos son los culpables", remachan otras fuentes consultadas.