Nóos: La Fiscalía del Supremo pide aumentar a diez años la condena a Urdangarin

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este lunes su recurso de casación contra la sentencia del caso Nóos. En el escrito, reclama que se incremente hasta los diez  años de prisión la pena impuesta a Iñaki Urdangarin por la Audiencia Provincial de Baleares, que le condenó a seis años y tres meses.

En concreto, en un escrito de 105 páginas al que ha tenido acceso Crónica Global, la fiscal María Ángeles Garrido solicita que se le impongan cinco años por malversación continuada, dos por fraude a la administración, uno por tráfico de influencias y otros dos por sendos delitos fiscales.

El ministerio público ha aumentado así su petición en tres años y nueve meses para el cuñado del rey Felipe VI, que el pasado 23 de febrero quedó en libertad sin fianza al tener en cuenta el tribunal su arraigo y, por tanto, argumentar que no existía riesgo de fuga.

Para Torres, la petición más elevada

La condena más elevada la solicita para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres: 12 años y diez meses de cárcel --frente a los ocho años y medio que le fueron impuestos inicialmente--. También incrementa desde los tres años y medio hasta los cuatro años y ocho meses su solicitud para el expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas.

La acusación incide en el papel que ejerció el exduque de Palma al constituir junto a su exsocio Diego Torres un entramado societario dirigido a vaciar las arcas públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana e integrado por varias empresas fantasma: Nóos Consultoría Estratégica, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y Aizoon, de la que además era socia la infanta Cristina. 

Illes Balears Forum

El recurso, eminentemente técnico, desgrana de forma pormenorizada la dinámica comisiva de delito llevada a cabo por ambos exsocios. En el caso del primer Illes Balears Forum, cuya adjudicación otorgó el Ejecutivo balear al Instituto Nóos en 2005, asevera que "no se aportó justificación documental alguna del destino de los fondos recibidos, evidenciándose así la libertad/arbitrariedad con que se permitió la salida de estos, cuya suerte fue dejada a voluntad de Urdangarin".

Y sólo a requerimiento judicial, cinco años después, se aportaron facturas por 879.136 euros. "Se evidencia que no existió justificación alguna de los 320.864 euros del importe que sí queda acreditado recibieron", recalca.

Respecto al segundo foro, organizado un año después, la Fiscalía afirma que gestó de forma similar al anterior, si bien en esta ocasión el importe de los fondos abonados a Nóos fue de 1,085 millones de euros. "Como en el caso anterior, no se justificó el gasto" y las facturas aportadas durante la instrucción del caso tampoco cubrían la cantidad total recibida ya que ascendían a 729.577 euros.

La Fiscalía aplica una continuidad delictiva en la organización de los foros --en la sentencia de la Audiencia balear sólo se había tenido en cuenta la segunda cumbre-- para elevar su petición de pena.

Decisión unilateral de Matas para beneficiar a Nóos

La fiscal apunta sin tapujos a un concierto y a la existencia de una decisión "previa, verbal y unilateralmente adoptada" por Matas "para beneficiar al entramado Nóos" así como en las decisiones posteriores, dirigidas a dotar las órdenes del presidente "del correspondiente ropaje jurídico para crear apariencia de legalidad".

El escrito arremete duramente contra las actuaciones desplegadas ilegalmente y hace hincapié en cómo los acusados eran conscientes del desvío de fondos puesto que "ellos precisamente dispusieron un montaje, al efecto, conscientes de que no había acreditación alguna de su necesidad" como tampoco del beneficio para la administración pública.

"Lo conocieron, propiciaron y ejecutaron, y finalizada esa ejecución, prescindieron de cualquier diligencia de amparo de los caudales públicos", añade la fiscal, que incide en que "el íter de los acontecimientos y la toma de decisiones supuso hasta tal punto una burla a las previsiones legales eludiendo cualquier tipo de control, que no puede albergarse duda alguna de la voluntad de los partícipes".

Inexistencia de controles

Tanto es así que la representante de la acusación pública considera evidenciado que "no existió, desde el inicio, voluntad alguna de control de las cantidades entregadas".

Se refiere no sólo al papel de Matas, sino también al de sus subordinados: el exdirector general de Deportes José Luis Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

La fiscal es tajante: "La asunción del precio de los convenios [para la celebración de los eventos] impuesto por los representantes del entramado Nóos y la falta de control y fiscalización del gasto supone la plena dejación de las obligaciones que la Ley impone como garante de la buena administración que, en el presente caso, se tradujo en un perjuicio concreto".

Beneficiado por ser "yerno del entonces Rey de España"

El recurso llega a preguntarse quién se beneficiaba de los foros, si Palma de Mallorca --Urdangarin y Torres alegaban que querían darle proyección internacional a nivel deportivo y turístico-- o los propios exsocios y su entramado. "En fin, era Nóos, empresa escasamente implantada en el mercado, la que obtenía una proyección de la que claramente carecía, declarándose probado que la contratación sólo obedeció a la identidad de don Iñaki Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición de yerno del entonces Rey de España".

En lo que a la trama valenciana se refiere, la Fiscalía ha recurrido la absolución de los exaltos cargos juzgados en esta causa e incluso solicita cinco años de cárcel para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) Jorge Vela así como para la exdirectora de Gestión de esta entidad, Elisa Maldonado, además de pedir la inhabilitación del también exdirector general José Manuel Aguilar y del exsecretario autonómico de Eventos Luis Lobón.

El escrito les acusa de intervenir en las presuntas irregularidades cometidas en 2004, 2005 y 2006 a la hora de adjudicar los denominados Valencia Summit, por cuya organización Nóos percibió hasta un total de 3,6 millones de euros.

Presencia de Rita Barberá y Francisco Camps

La representante del ministerio público asevera que el grado de relevancia institucional de Urdangarin por razón de su matrimonio "explica todas las actuaciones y contactos previos que fueron necesarios antes de la firma del convenio" y le permitió acceder a la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quienes tuvieron que declarar como testigos en el juicio del caso Nóos.

La casación subraya que tras una reunión entre los representantes de CACSA y Nóos fue firmado el convenio para la celebración de las cumbres de Valencia, al igual que en el caso de Baleares, "prescindiendo de los trámites esenciales del procedimiento".

"De la burda tramitación de los expedientes, del hecho de disponer de tan elevadas cantidades de los fondos públicos, del dato de no exigir justificación alguna de los gastos... fluye con claridad que los acusados eran conscientes de la arbitrariedad de las decisiones, de que estas sólo beneficiaban a la empresa Nóos y, es más, de que la contratación tenía como única motivación la identidad del presidente de la misma, el señor Urdangarin", sentencia la fiscal.