Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su intervención, los Cierco, han remitido un escrito al ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en Madrid, Krishna R. Urs, para pedirle que las autoridades del país “declinen cualquier cooperación futura con las autoridades andorranas” respecto a la familia. 

El despacho Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, encargado de defender a la familia en los casos abiertos en EEUU, ha sido el encargado de remitir la misiva. Firmada por los letrados Eric Lewis, Manuel Varela y Aaron Wolfson, explica la presunta “judicialización de la justicia” del Principado. Argumenta que los tribunales del país pirenaico han “fallado en seguir preceptos básicos” de la legalidad vigente en el proceso de nacionalización y venta de la entidad.

Penalización por intentar recuperar BPA

“El sistema judicial andorrano usa los instrumentos del Estado como forma de castigar a nuestros clientes” por luchar en tribunales de Andorra, España y EEUU contra la intervención de BPA. El último ejemplo de ello, según la misiva, son los registros a los domicilios y despachos de los Cierco practicados a principios de junio.

Los letrados aseguran que el objetivo de la operación era buscar información relativa a la cooperación de la familia con la justicia española en los distintos casos de corrupción que se investigan y tienen el epicentro en Andorra. Básicamente, del caso Pujol.

Relación con el ‘caso Pujol’

Cabe recordar que en agosto de 2016 Higini Cierco relató que había recibido amenazas y extorsiones por parte de mandos policiales españoles en mayo de 2014 para conseguir información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Denunció que se quedaron sin la entidad andorrana y su filial en España, Banco Madrid, por la investigación de los fondos del expresidente de la Generalitat y su familia.

Transparencia por parte de EEUU

La reclamación a la embajada estadounidense en España y Andorra tilda de “proceso contaminado” el caso BPA. Los letrados afirman que si se tienen en cuenta los antecedentes, “ya no es apropiado mantener la confidencialidad de las comunicaciones entre las autoridades andorranas y el Gobierno de Estados Unidos” con respecto a sus clientes.

Pide que se hagan públicas todas las comunicaciones que han existido entre ambos países para “introducir transparencia” en el proceso. Los Cierco buscan desde hace tiempo conocer los detalles de la comunicación entre el Gobierno del Principado y el organismo del Tesoro estadounidense que lucha contra el blanqueo de capitales internacional, el Fincen, antes de que este último emitiese en marzo de 2015 el documento —notice— que hizo caer BPA.

Esta información resultaría clave para conocer si las autoridades andorranas dejaron o no caer la entidad. Una cuestión indispensable en la causa.

Apartar al fiscal general andorrano

La carta de Lewis Baach Kaufmann Middlemiss al embajador no es la única reclamación de los Cierco referente al caso BPA que han impulsado en estas fechas. Los hermanos Ramon e Higini han presentado ante el Consejo Superior de Justicia (CSJ) una petición en la que solicitan la recusación del fiscal general, Alfons Alberca.

Mantienen que el máximo representante público no garantiza la imparcialidad en la investigación. Explican que se ha opuesto de forma sistemática y casi automática a todas las demandas que vienen de la antigua cúpula de la entidad o de su entorno. Acusan a Alberca de usar de forma “selectiva y a conveniencia” los elementos que considera que pueden ir a favor o en contra de la resolución de BPA.

Con todo, en el propio escrito reconocen que es complejo que el fiscal general dé el paso al lado. Otro ejemplo, según su punto de vista, de la politización de la justicia andorrana.