Guerra declarada entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb

Desde que el equipo de gobierno de Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona ha protagonizado varios encontronazos con la plataforma de alquiler de pisos para turistas Airbnb. “Llegaremos hasta el final”, ha dicho este lunes, 26 de junio, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del consistorio, Janet Sanz.

Y ese final puede significar, tranquilamente, borrar del mapa de la ciudad cualquier rastro de la compañía para que deje de operar en territorio barcelonés. Para Sanz, Airbnb ha traspasado los límites y no hay excusa que valga ante otros posibles casos de “estafa” que se den en relación con la compañía. Sin embargo, la concejal se ha apresurado a decir que no se trata de una guerra, sino más bien una defensa firme de la ley que la plataforma se salta a la torera.

Primeras iniciativas

Lo cierto es que, recién llegada a la alcaldía, Ada Colau propuso a los propietarios de pisos turísticos ilegales publicados a través de este tipo de plataformas que cedieran sus viviendas durante tres años para que los servicios sociales pudieran destinarlos a familias en situación de emergencia. A cambio, se condonaría el 80% de la multa a los sancionados.

Más tarde se centró en las compañías que ofertan este tipo de pisos para turistas y optó por reforzar el equipo de observadores que hasta entonces rondaban las calles de Barcelona en busca de viviendas fraudulentas. Pasaron de ser 12 personas de forma temporal a ser 80: 40 del cuerpo de inspectores y 40 de visualización y agilización de trámites.

Multa de 600.000 euros

El ayuntamiento se ha empeñado desde un primer momento en remarcar que el servicio idílico que ofrecen estas plataformas no es tal y, ley de turismo en mano, multó a Airbnb y Homeaway con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos sin licencia.

Finalmente, Homeaway reculó y pagó la sanción. Airbnb no lo hizo, y su multa se formalizará definitivamente esta semana, se cerrará el expediente y tendrá que hacer frente al pago. Si no lo hace, la amenaza consistorial es clara: le impondrá otra sanción de 600.000 euros si no manifiesta su voluntad de pagar. 

Buena voluntad

En la plataforma en cuestión se mostraron sorprendidos y tristes porque Barcelona es la única ciudad del mundo que les ha sancionado y afirmaron que su gestión forma parte de la solución en la capital catalana. Poco después, anunciaron la limitación de los alquileres en el distrito de Ciutat Vella, el más saturado por el turismo.

No fue suficiente para el equipo de Colau. El concejal de Ocupación, Empresa y Turismo, Agustí Colom, lo calificó de “insulto” y “tomadura de pelo” e instó a los responsables de la web a publicitar solamente y, de una vez por todas, los pisos que tienen un número de registro legal.

Servicio ‘in crescendo’

Mientras la pugna se hacía evidente, los usuarios de Airbnb seguían creciendo. En la capital catalana se registraron más de 1,2 millones de visitantes en 2016 alojados en viviendas intermediadas por la plataforma. Los resultados enfocaban a una sola actuación de la compañía: mantener el diálogo con el ayuntamiento sin abandonar su actividad. Como muestra de buena voluntad, recortó mil pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella.

El último capítulo de la bélica relación entre el consistorio barcelonés y la multinacional americana apunta al fenómeno de realquilar un piso ya alquilado con fines turísticos. Según el equipo de Colau, uno de los propios directivos de Airbnb lo hacía mientras estuvo en el cargo y aprovechó para publicitar la vivienda en la plataforma. Algo que la compañía achaca a un asunto personal del extrabajador, puesto que ya no forma parte de la empresa. Sobre la multa, avisa que recurrirá.

De momento, no parece que la postura de uno y otro sea de dar su brazo a torcer para llegar a un acuerdo.