El 'caso Maristas' llega al Congreso: "Había tanta mierda que nadie se atrevía a levantarla"

Manuel Barbero, el primer padre en denunciar a un profesor del colegio de los Hermanos Maristas Sants-Les Corts por decenas de presuntas violaciones sexuales, entre ellas la de su hijo, se dirigirá este jueves al Congreso de los Diputados para pedir que se aumenten las penas por este tipo de delitos.

Su hijo, Toni, fue violado, según denuncia, durante años por su profesor Joaquín Benítez. Después de que el menor acusara al educador, otros 43 exalumnos presentaron denuncias. “Había tanta mierda debajo de la alfombra que nadie se atrevía a levantarla”, revela Barbero.

El testimonio de Toni sirvió para que otras familias se pusieran en contacto con él, destapando el escándalo que pasó a conocerse como el caso Maristas y que tanto conmocionó a la sociedad catalana. En total, se interpusieron 43 denuncias contra 11 profesores. La mayoría de ellas relataban sucesos tan anteriores en el tiempo que cuando se quiso hacer justicia ya habían prescrito. En la actualidad, solo quedan nueve casos vigentes: cinco contra el monitor del comedor y los cuatro restantes contra quien fue durante 30 años el profesor de gimnasia del centro religioso.

"El profesor de gimnasia abusó de mí"

Toni tenía 13 años cuando presuntamente sucedieron las agresiones que su padre relata. “No fue capaz de contarlo hasta cumplir los 18 años. Sin una causa aparente se encerró en sí mismo y en su habitación”, se lamenta Barbero. Fue a través de whatsapp que el chico se abrió con su madre: “El profesor de gimnasia abusó de mí”. Una frase lapidaria, enviada desde su habitación, que de pronto reveló por qué en los últimos años el joven había perdido la alegría y fingía estar enfermo para no acudir a las clases de educación física.

A la espera de que se celebre el juicio, Barbero, que también es el portavoz de las víctimas y fundador de la Asociación Mans Petites, participará por primera vez este jueves en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Dicha comisión se celebra en el Congreso de los Diputados para pedir a los partidos políticos el aumento de penas de los delitos sexuales. Barbero argumenta que la mayoría de víctimas “solo se atreve a contarlo cuando ha pasado mucho tiempo”, y la justicia ya no puede actuar al haber prescrito el delito.

Prescripción de la pena

La pesadilla empezó el 23 de diciembre de 2013, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando Toni tuvo el valor de ratificar la denuncia que había interpuesto su progenitor unos días antes: “Cuando leí en la denuncia lo que le había hecho el pederasta me calenté y rellené unos letreros que colgué por los alrededores del colegio”, explica Barbero.

En los pasquines difundidos a pie de calle, Barbero criticaba la actitud de “la dirección del centro” al despreocuparse de la situación. “Solicité una entrevista con la dirección y esta me invitó a que denunciara, sin prestar ningún tipo de ayuda ni psicológica ni de orientación”, añade. Tras su enfado, la directora del centro y el superior de la fundación propietaria de los colegios --la fundación Champagnat-- le comentaron que Benítez había sido despedido por presuntamente haber abusado de otro menor. Según cuenta, los más de 200 carteles colgados desaparecieron en seis horas: “Alguien se afanó en descolgarlo”.

La difusión, sin embargo, le sirvió para empezar a desterrar el secreto. Al día siguiente, contactaron con él otras cinco presuntas víctimas de Benítez y cuando apareció en la prensa recibió cientos de correos: “Todo se tradujo en 43 denuncias contra 11 profesores. De estas, la mitad eran hermanos y la otra mitad, seglares”. Los centros implicados fueron Sants-Les Corts, Badalona y La Inmaculada de Barcelona.

Aumento de la pena

No es la primera vez que se aborda el tema de los abusos a menores en la Cámara Baja. Miguel Ángel Hurtado, quien fue víctima de abusos por parte de un sacerdote, presentó 316.000 firmas para la no prescripción de los delitos.

Desde la asociación que encabeza Barbero instan a la Administración a forzar cambios en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección del Menor para “aumentar las penas y la prescripción” de las mismas. Asimismo, reclaman que no sea necesaria la ratificación de la víctima para la realización de la investigación, instando a buscar una “fórmula para que el menor no sufra” y recuperar el artículo 74.1 de 1995 del Código Penal de delito continuado de idéntica ocasión para que los pederastas “paguen por todos los delitos realizados”.

El papel de las confesiones

AbusosTJ Carta Abierta Comisión de derechos de la Infancia

“Todos somos víctimas, no hay rencor, solo petición de justicia, reparación y que las entidades procedan a pedir perdón a las víctimas y a cambiar los protocolos que atentan contra los derechos de la infancia”, concluye la carta.

Desde ambas entidades también se muestran críticos con los representantes públicos, al considerar que se han limitado a “evaluar los daños”.  Barbero pone la pelota en el tejado de las instituciones: “Ahora les toca a ellos”.