El principal imputado en el caso BPA, el exconsejero delegado del banco intervenido, Joan Pau Miquel, ha presentado ante el Tribunal de Corts de Andorra un contundente informe en el que pide el sobreseimiento de la causa. Argumenta su petición a lo largo de 58 páginas. En ellas, aporta los datos que presuntamente ha omitido la juez que instruye la causa, Canòlich Mingorance, y la policía del Principado. Según sus argumentos, esta información desvirtúa los delitos que le han imputado.
Miquel ha pasado casi dos años en prisión preventiva. Ha sido acusado de blanqueo de capitales, entre otros supuestos delitos. La investigación del caso BPA le sitúa como presunto cerebro de una trama de lavado de dinero procedente del crimen internacional desde Banca Privada d’Andorra (BPA) que el banquero se dedica a desmontar.
Todo nace en Gao Ping
En el documento, hace un recorrido por toda la densa instrucción sumarial. De entrada, llega a la conclusión de que el dinero que el intermediario Rafael Pallardó introdujo en BPA no procede de delitos de sangre, ni de la prostitución ni de la actividad general de lo que se conoce como crimen organizado.
Concluye que el delito original (llamado delito antecedente) cometido por el jefe de este comisionista, el empresario chino Gao Ping, no es otro que el fiscal.
Trata de explicar de esta forma que el banco que dirigía no blanqueó capitales del crimen organizado. Se limitó a canalizar el líquido que procedía de un eventual delito fiscal que habría cometido el controvertido empresario oriental investigado en España. Y aquí se debe tener en cuenta una cuestión capital. En Andorra, en el momento de los hechos, el delito fiscal no era perseguible.
Investigación sesgada
Por ello, critica que tanto la policía del Principado como la fiscal del caso BPA y la magistrada instructora sólo hayan aportado a la causa pasajes que considera sesgados del sumario que se sigue en la Audiencia Nacional sobre Gao Ping. El llamado caso Emperador.
Rafael Pallardó, el abogado, comisionista y blanqueador de dinero de Gao Ping / CG
Rafael Pallardó, el abogado, comisionista y blanqueador de dinero de Gao Ping / CG
La macroinvestigación en España reveló las operaciones de evasión fiscal que Pallardó realizaba para el empresario chino, que se dedicaba a la importación y venta de mercancía manufacturada en su país de origen.
Miquel reclama que se incorpore en la causa andorrana el sumario completo del caso Emperador. Critica que en estos momentos sólo se tengan en cuenta pasajes que poco o nada tienen que ver con el dinero de Ping que su intermediario ingresó en BPA. De hecho, la parte a la que se hace referencia en Andorra describe las tramas criminales ajenas al banco e incluso al propio Gao Ping y su organización.
Muchos delitos, pocas pruebas
Joan Pau Miquel Prats hace un paréntesis en su informe para referirse al concienzudo estudio de la causa que investiga la Audiencia Nacional. Obviamente, ha tenido acceso a ella por canales no oficiales.
Afirma que a Ping se le investiga por 13 delitos entre los que se encuentran el de pertenencia a organización criminal, prostitución, tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Matiza que, en realidad, todos estos escabrosos delitos los han cometido presuntamente grupos, clanes y organizaciones criminales referenciados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española. No tienen ninguna relación con el empresario chino, según el informe, más allá de la coincidencia de la nacionalidad de los sospechosos.
Análisis con lupa
Ping no tendría relaciones --contrariamente a lo que postula la UDEF-- ni con la organización Wang (liderada por Weng Hai Ye Wang), ni con la trama que encabeza Wu Liu Yongping, ni con el grupo Sanding. Tampoco estaría relacionado con la banda de Jiaren Zhan o Xiaoming Zhou.
Los implicados en todas estas subtramas del caso Emperador pueden haber cometido los presuntos 13 delitos que se enumeran, indica el escrito de Joan Pau Miquel. Pero el empresario chino que ingresó dinero en BPA sólo habría cometido el fiscal, según sus conclusiones. De hecho, parece acreditado que su volumen de negocio comercial en negro, es decir sin facturas que soporten IVA o arancel alguno, superaba el 80%.
Las supuestas mentiras del Fincen
El escrito presentado en los tribunales del Principado se refiere en varias ocasiones a lo que en términos jurídicos se conoce como “investigación prospectiva”. Joan Pau Miquel se queja de que el organismo del Tesoro de EEUU dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales internacional, el Fincen, que acusó (y luego se retractó) a BPA de actividades ilícitas, no fija ni identifica delito alguno.
El banquero asegura que el primer escrito de la institución estadounidense no es acusatorio. Lo considera un compendio de meras sospechas que deja en manos de la juez para la consiguiente averiguación.
Mantiene que el Fincen miente. Lo hace, por ejemplo, cuando asegura que los directivos de BPA habían cobrado por blanquear, cosa que según Miquel nunca ocurrió. El exconsejero delegado del banco recuerda que la entidad incluso evitó realizar ninguna operación de compensación en el caso Petrov.
En manos del Tribunal de Corts
Miquel pide al Tribunal de Corts diversas diligencias para concluir con el archivo de la causa contra él. Hace referencia a los informes de auditoría de 2008 a 2012 que el banco había encargado a KPMG. No fueron requeridos por la instrucción y el exconsejero delegado considera que aclaran y evalúan de forma favorable las medidas implementadas en BPA para evitar casos de posible blanqueo de capitales.
Muchas de estas diligencias que reclama ya han sido denegadas de forma previa por la juez instructora del caso BPA.